Joel Segarra
Doctor en Ciencias Ambientales, Universitat de Barcelona

Steven Donziger, ¿el perdón del presidente Biden o la avaricia de Chevron?

La industria de los combustibles fósiles está destruyendo el planeta. Sin embargo, su avaricia no se limita a incrementar sus beneficios a costa del calentamiento global, sino que también consiste en no asumir la responsabilidad por la destrucción que generan. El incremento de carbono en la atmósfera es un problema global causado, entre otros factores, por la combustión del petróleo en automóviles o industrias, lo que significa que los grandes responsables están, si se quiere, relativamente más repartidos. Pero este no es el caso en las zonas de extracción de petróleo, donde es evidente quiénes son los principales responsables: las petroleras. La perforación del suelo, la contaminación de acuíferos y ríos y los vertederos de residuos tóxicos han devastado muchas áreas del mundo, a menudo zonas con una gran biodiversidad.

El gigante petrolero estadounidense Chevron, anteriormente Texaco, es responsable de la destrucción de un millón y medio de hectáreas en la selva amazónica ecuatoriana, equivalente a más de la mitad de la superficie de Euskal Herria. Desde que comenzó sus actividades en 1964, la petrolera ha derramado aproximadamente 600.000 barriles de petróleo para ahorrarse algunos dólares en gestión ambiental, a costa de la salud de los ecosistemas y la población local, mayoritariamente indígena. Las tasas de cáncer y mortalidad infantil en la zona afectada son altísimas. Revistas científicas de prestigio han publicado estudios que documentan incrementos alarmantes en los casos de cáncer, especialmente en niños, en las áreas afectadas por la extracción de petróleo en Ecuador.

En representación de 30.000 indígenas de la Amazonía ecuatoriana, un equipo de abogados especializado en justicia ambiental y derechos humanos logró llevar a Chevron ante la justicia. En 2018, después de un largo periplo judicial, la Corte Suprema de Ecuador condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por la restauración del ecosistema selvático y la mejora de la salud de la población indígena que sobrevive en las zonas afectadas. Desafortunadamente, Chevron retiró todo su capital de Ecuador y lanzó una campaña legal contra el equipo de abogados que había logrado esta histórica condena para justicia ambiental.

Entre los abogados que representaban a los grupos indígenas estaba el jurista neoyorquino Steven Donziger, especializado en derechos humanos. En lugar de destinar sus beneficios millonarios a la restauración de la salud del Amazonas, Chevron se enfocó en destruir a Donziger a través del sistema judicial de Estados Unidos. Presuntamente, Chevron utilizó el sistema legal para atacar personalmente a Donziger, presentando una demanda civil bajo la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia, por sus siglas en inglés), alegando que la resolución judicial ecuatoriana se había obtenido mediante sobornos e informes científicos sesgados.

Esta estrategia legal buscaba desacreditar a Donziger acusándolo de corrupción. El juez emitió una orden judicial que obligaba a Donziger a presentar sus materiales confidenciales del caso a Chevron. Cuando Donziger apeló la orden, el juez lo acusó de desacato judicial. Posteriormente, el juez nombró fiscales a abogados privados de un bufete que anteriormente había representado a Chevron, lo que planteaba un grave conflicto de intereses. Donziger fue privado de un juicio con jurado y sometido a una serie de medidas cautelares: fue expulsado del colegio de abogados sin una audiencia adecuada sobre los hechos. Pasó más de un mes en prisión y casi tres años en arresto domiciliario con una pulsera electrónica para localizarlo en todo momento. Además, le retiraron el pasaporte y atacaron su reputación profesional, dificultando enormemente sus posibilidades laborales.

Este caso plantea cuestiones cruciales sobre la influencia de las grandes empresas contaminantes en el sistema judicial y el bloqueo a la justicia ambiental. Antes de que el presidente Biden abandone la Casa Blanca, 34 congresistas junto con diversas organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional o Amazon Watch solicitan que se conceda el perdón a Donziger, quien actualmente no puede ejercer como abogado ni volver a trabajar en Ecuador. El perdón de Biden, ciertamente, no reparará el daño que Chevron ha causado al Amazonas y a sus pueblos, pero al menos sería un gesto que mostraría que aún queda un mínimo de verdad y justicia antes de Trump y su drill, baby, drill (perfora, nena, perfora, en referencia a la extracción de petróleo sin regulación ambiental que ya ha anunciado). Veremos.

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