Marisol de la Nava Martín, Ana Fernández Garayalde (*)
Pprofesionales de los servicios sociales de Navarra

Stop a la criminalización de la pobreza

Recientemente el señor consejero del Departamento de Política Social ha salido en los medios de comunicación para hablar del tema del fraude que se ha cometido por 68 familias (el 0,7%) de las 9472 que han solicitado la Renta de Inclusión Social (RIS), y del control que va a ejercer. Así mismo, como un visionario, anuncia las previsiones del posible fraude para el año 2014.

Como personas conocedoras directas de esta realidad, ya que trabajamos en Servicios Sociales, le queremos señalar primeramente que no estamos de acuerdo con ningún fraude. Dicho esto, le puntualizaremos que ha sumado en dicha cifra dos cosas muy distintas, las personas a las que se les vincula un fraude, sin haberse especificado en qué consistiría el mismo, y las que no han cumplido con el acuerdo de incorporación. En este segundo caso, habría que hablar de algo muy distinto; pero en ningún caso, se le podría calificar de fraude. No entendemos cuál es el objetivo, qué pretende el señor Allí al sacar ahora este tema ¿contentar a alguien?, ¿justificar algo?, teniendo en cuenta que la cifra es tan poco significativa; pero sobre todo queremos advertir que aquí se mezclan y confunden conceptos distintos. No nos parece ético el trato que se realiza sobre las familias perceptoras de RIS, ya que según sus palabras va a existir tolerancia cero  con los perceptores de esta prestación; como si ser pobre fuera sinónimo de ser defraudador/a. Resulta paradójico que esa tolerancia cero que predica no se aplique de la misma manera a las élites del poder en Navarra. Y es que, quizás, esa aplicación contra quienes más capacidad tienen de estafar, evadir impuestos y/o defraudar (que, podemos afirmar, no son quienes, dependiendo de una RIS, difícilmente llegan a final de mes...) podría producir un incremento de capital en las arcas públicas que sirviera para financiar los servicios básicos para la ciudadanía y evitar los recortes que se han realizado, incluso en esta prestación que sirve para cubrir necesidades básicas.

Estamos muy de acuerdo con el planteamiento que realiza sobre la justicia redistributiva, pero no entendemos su metodología de aplicación de esta justicia, ya que lo que hace es repartir la «miseria entre los pobres», cuando todo el mundo sabe que dicho concepto se basa en una redistribución justa de la riqueza, y que habría que hacerlo gravando a las personas que acumulan la riqueza, para repartir entre los que no tienen nada.

Resulta indignante el trato que planea dar el consejero a las familias que no lleven a sus hijos/as al colegio retirándoles la RIS. Por un lado sus padres no les nutren de un bien básico como es la educación, y por otra parte el Gobierno de Navarra lo remata dejándoles pasar hambre y sin unas condiciones mínimas de alojamiento y habitabilidad. ¿No sería mejor analizar las causas por las que estas familias no llevan a sus hijos e hijas a la escuela, y trabajar sobre ellas?, Igualemtente, ¿no habría que analizar si el sistema educativo y de protección de menores actual presenta deficiencias en cuanto a la prevención y atención de dichos menores?

Tenemos claro que hay que garantizar la cobertura de las necesidades básicas a todos los/as menores, perciban o no prestaciones su progenitores; pero retirárselas a quienes las reciben, lejos de contribuir a dicha protección, prevención y atención a la infancia, lo que va a provocar es poner en riesgo el desarrollo de la misma.

Las palabras del señor Allí resultan escandalosas, sobre todo teniendo en cuenta que es Consejero del Departamento de Política Social y no de Justicia e Interior, cuando habla de retirar la RIS a personas que han cometido delitos y no se encuentran privadas de libertad, porque han cumplido con lo estipulado legalmente. Entendemos que uno de los cometidos de su Departamento es trabajar también con estas personas para su incorporación a la sociedad garantizándoles, desde el principio de universalidad, los derechos que tienen como seres humanos. Para aplicar esto debería una vez más volver a cambiar la ley foral que en Navarra regula la renta de inclusiòn social que, por cierto, en estos 2 años de vigencia ha tenido muchas modificaciones, debido, desde nuestro punto de vista, a la falta de adaptación a la realidad actual y a una adecuada previsión de sus consecuencias.

Respecto al control que va a efectuar sobre las relaciones familiares de las personas perceptoras de RIS, ya nos gustaría saber como lo van a realizar: acción ardua y compleja, salvo que se metan en las casas de estas personas. Sí que le diríamos señor Allí, que si no hubiera aprobado la reforma de la RIS, junto con PSN y PP, y hubiera sacado del circuito de la protección a todas esas familias con hijos/as que viven con ambos padres, igual habría evitado muchas de estas situaciones. Por lo tanto, son ustedes los responsables de esta situación dado que por desgracia, lo que les queda a muchas personas y familias, sobre todo en estos momentos, es intentar sobrevivir y, además, de forma muy precaria. Al analizar sus últimas palabras, señor Allí, puede parecer que ya se ha dado cuenta de la barbaridad que ha cometido. Ante ello, nos ha anunciado la modificación, una vez más, de la ley, pero eso sí después de haber llevado durante estos dos últimos años a la miseria absoluta a cientos de familias y mantenerlas en una constante incertidumbre respecto a la cobertura de sus necesidades y las de sus hijos/as.

Otra cosa importante que le queremos puntualizar y que para nosotras sí es preocupante es el aumento de perceptores/as de la prestación económica RIS en Navarra. No creemos que eso se deba a su buena política y a los cambios legislativos, ya que es evidente que ha recortado el derecho a la RIS a miles de familias. ¿Se ha puesto a pensar que igual es debido a que hay más personas que ya no tienen ningún tipo de recurso para sobrevivir? Creemos que el Departamento debe centrar sus esfuerzos en diseñar planes para afrontar el empeoramiento de la situación socioeconómica de la ciudadanía de Navarra que ha quedado objetivado en sus propios datos: un incremento del 47% en solicitudes y en luchar contra la pobreza y la exclusión porque parece que la lucha contra el fraude se está abordando y con éxito puesto que se ha detectado y el dato es casi anecdótico: el 0,7%.

Señor consejero ya vale de tanta complacencia cuando se refiere a que en Navarra esta mejor que en otras comunidades ya que solo hay un 13,3% (85.000 personas) en riesgo de pobreza y de exclusión. Por favor, le pedimos una reflexión más de fondo y que parta de la solidadridad ante el drama que viven muchas familias. Esas situaciones no son sólo datos ni cifras estadísticas: lo que tenemos entre manos y nos ocupa es la atención a personas que peor lo están pasando y que, por desgracia, ya son demasiadas...

Por último queremos reivindicar como profesionales de los servicios sociales de Navarra los derechos de estas personas, su dignidad y el respeto que nos merecen.

(*) Firman este artículo también: María Begoña Alberro Enchandi, Mª José Lizarraga Ecahide, Jesús Laguardia Hontañón, Kontza Juaristi Mendikute, Elena González Martínez, Mª José Lizarraga Garciandía, Ainhoa Iparragirre Mendia, Ana Blada Sanjuan, Nerea Navarro Lizarraga, Lucía González de Pedroso Saez, Laura Andresena Zubigaray, Edurne Ancizar Ibarra, María Juncla Otxotorena Sagastibeltza, Maite Perurena Loaiarte, Edurne Lamuedra Rodríguez, Teresa Martínez Peñalba, Zuriñe Odriozola Arribillaga, Irantzu Izeta Arratxe, Jaione Otamendi Otermin, Yolanda Ormazabal Arratibel, Patricia Lorente Sevilla, Ana Begiristain Jaca, Erkuden Imaz Larreta.

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