En el año 2003 la Seguridad Social endosó a GARA la deuda de 4,7 millones de euros de “Egin”, basándose en un auto judicial del juez Baltasar Garzón en el que aseguraba que había una «sucesión ideológica» entre ambos medios de comunicación. Cuando un juez español quiere ejercer la persecución ideológica, le basta con teclear unos cuantos folios con membrete oficial, poner un cuño y echar su firma.

Entre 1988 y 2012 Garzón fue magistrado de la Audiencia Nacional, un tribunal especial creado en enero de 1977, justo el mismo día en que se suprimió el Tribunal de Orden Público. El famoso TOP había sido creado en 1963 para que la dictadura franquista pudiese juzgar «delitos políticos», y la Audiencia Nacional le sustituyó en esa labor.

¿Ningún juez español aprecia «sucesión ideológica» entre el TOP franquista y la Audiencia Nacional en la que ejerció Garzón? Es una pregunta retórica. Ya sabemos que no.

Cuando la Seguridad Social endosó a GARA la deuda de “Egin”, el presidente del Gobierno español era José María Aznar, máximo dirigente del PP. Este partido había sido creado por Manuel Fraga tras refundir Alianza Popular. El propio Fraga, que había sido ministro durante la dictadura franquista, sigue siendo presidente de honor del PP.

¿Ningún juez español aprecia «sucesión ideológica» entre el PP del franquista Manuel Fraga y el PP de Pablo Casado? También es una pregunta retórica.

A la vera del PP han surgido otros partidos ultraderechistas con mensajes que rezuman ideología franquista por todos sus poros, discursos que recuerdan a los «cuneteros» del 36 y que son difundidos con total impunidad en todo tipo de medios de difusión.

¿Ningún juez español aprecia «sucesión ideológica» entre estos partidos de corte fascista y las fuerzas que apoyaron el Glorioso Alzamiento Nacional y la Cruzada de Liberación Nacional en 1936? Es otra pregunta retórica, porque ya sabemos la respuesta.

Aquel golpe de Estado franquista generó la mayor matanza de seres humanos registrada en el Estado español durante el siglo XX, y fue impulsado y jaleado desde el primer momento por “Diario de Navarra”. En 1937 este periódico llenó una de sus portadas con un titular que no deja dudas sobre su ideología: “Viva Franco”. Es el único diario que apoyó abiertamente el franquismo y que todavía se sigue editando en Nafarroa. “Diario de Navarra” es un reducto de la dictadura, pero no tuvo que renunciar a su ideología para poder seguir saliendo a los kioscos sin temor a que ningún juez español aprecie «sucesión ideológica» ni empresarial entre su actual línea editorial y la que mantuvo durante la época dictatorial.

En cambio, el juez Baltasar Garzón sí vio una «sucesión de empresas» entre GARA y “Egin”. Pero no lo descubrió en enero de 1999, cuando GARA salió a la calle por primera vez, sino en julio de 2000, justo dos años después de que él mismo ordenase el cierre de “Egin”. El vacío que dejó este periódico fue cubierto el día siguiente por “Euskadi Información”, un humilde diario que continuó vendiéndose durante varios meses sin que ningún juez tomase medidas contra él.

En todo ese tiempo el juez Garzón no apreció «sucesión ideológica» entre “Egin” y “Euskadi Información”, pero sí la vio entre “Egin” y GARA. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Cuando se quiere criminalizar unas ideas, a un juez le basta un membrete oficial, un cuño y su firma, y además es él quien elige el momento que más le conviene. Eso fue suficiente para que en junio de 2003 la Seguridad Social declarase que había una «sucesión de empresas» entre las sociedades editoras de “Egin” y las de GARA, y reclamar así los 4,7 millones de euros de deuda.

Para más escarnio, en junio de 2009 el Tribunal Supremo reconoció que el cierre de “Egin” había sido ilícito, pero en esas fechas sus locales estaban casi en ruina y su rotativa ya no servía para nada.

¿Ningún juez español aprecia que hubo «persecución ideológica» contra “Egin” y que sigue habiendo «persecución ideológica» contra GARA? Todo el mundo conoce la respuesta, pero no todos se atreven a denunciarlo.

Puestos a asumir las consecuencias de que existe una «sucesión ideológica» y una «sucesión de empresas» entre "Egin" y GARA, ¿por qué no exigir que devuelvan a GARA el patrimonio intacto que tenía "Egin" cuando fue cerrado, teniendo en cuenta que sus locales, su rotativa y sus archivos valen más que los tres millones de euros que ahora hay que pagar a la Seguridad Social?

Ya sabemos que ningún juez español va a exigir que se restituya el daño material y moral causado con el cierre ilegal de “Egin”, pero sería esclarecedor conocer los argumentos que esgrimen para no hacerlo.

Está bien mirar al futuro, pero de vez en cuando conviene echar la mirada atrás para no olvidar el camino recorrido y hacerse una idea de lo que todavía nos espera. «Iragana buruan eta etorkizuna eskuan».