Desde su creación en junio de 2016, uno de los ejes de intervención prioritarios del Foro Social Permanente ha sido la defensa de los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El objetivo del Foro Social ha sido superar toda expresión de discriminación de obra o de palabra hacía todo tipo de víctima, sin hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes vulneradores de derechos. Asimismo, hemos insistido en la necesidad de reconocimiento público de toda vulneración de derechos humanos ocurrida en el contexto del ciclo de violencias y hemos trabajado por socializar la existencia de victimaciones nunca reconocidas ni asumidas.

La expresión pública principal de esta labor ha sido el programa de trabajo «Entzunaz Bizikidetza eraikiz - Escuchar para construir la convivencia», donde víctimas de distintas violencias han debatido de forma pública sobre sus necesidades y demandas y sobre los retos pendientes para abordar un futuro en convivencia. En el marco de esta dinámica se han organizado 23 encuentros públicos, en los que han participado 67 víctimas de diferentes expresiones de violencia.

También hemos puesto en marcha otras iniciativas: encuentros entre las entidades del Foro Social Permanente con víctimas de ETA y del Estado; espacios de encuentro discretos con 42 víctimas de ETA en Navarra, la CAV y Catalunya; y hemos participado en actos de homenaje a víctimas de diferentes vulneraciones de derechos humanos.

Todo este trabajo ha sido colectivo. Y es que ese fue, precisamente, el mensaje del Foro Social al anunciar el final de su etapa de trabajo ante agentes de la sociedad civil el pasado 21 de enero: «Un camino colectivo. Razones para el orgullo». Y ha sido un trabajo fructífero para las personas que han participado, muy enriquecedor, pues ha permitido construir espacios de confianza con numerosos interlocutores.

Es innegable que durante estos últimos años se ha iniciado una dinámica en positivo en lo que respecta a dotar a las víctimas de los derechos que les corresponden.

En este camino hay varios hitos que nos gustaría subrayar. En primer lugar, la unanimidad política construida en 2018 en lo referente al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Un avance inimaginable pocos años atrás.

En segundo lugar, en lo referente a los derechos de las víctimas del Estado de forma específica, la puesta en marcha de instrumentos de reparación: la Ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma Vasca; la Ley Foral 16/2019 de Navarra; o los Informes del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) en la CAV y en Navarra sobre tortura que, mediante protocolos internacionalmente avalados, certifican más de 5.181 casos de torturas.

En tercer lugar, los consensos políticos y sindicales expresados en iniciativas institucionales, específicamente hacia las víctimas del Estado, a favor de reconocer victimizaciones como las producidas por los años de excepcionalidad penitenciaria o la tortura.

Y, finalmente, nos gustaría subrayar la decisión del EPPK de noviembre de 2021 que cerraba definitivamente la cuestión de los ongietorris, cuestión central para las víctimas de ETA, y la unanimidad en su acogida.

En el balance interno realizado por el Foro Social Permanente a finales de 2021, constatábamos que, en lo que se refería a las víctimas del Estado, se había construido un «techo de cristal», un reconocimiento teórico que tenía el riesgo de quedarse en algo vacío de contenido. Por ello, estimábamos que la cuestión de las víctimas del Estado debía entrar definitivamente en la agenda de resolución, construyendo los consensos necesarios para superar definitivamente el tratamiento asimétrico que sufrían.

En ese sentido, en los últimos meses han sido numerosas las iniciativas realizadas por el Foro Social: la solicitud de reapertura del plazo para presentar expedientes a la Ley 12/2016; la solicitud de amparo a la Presidencia del Congreso de los Diputados tras la intervención de Macarena Olona sobre víctimas de la tortura; las reacciones ante las declaraciones de Barrionuevo y Belloch; propuestas a los grupos del Congreso español en relación al debate sobre la Ley de Secretos Oficiales; o la petición al presidente Pedro Sánchez para que reconozca el daño causado por el Estado.

Por todo ello, podemos afirmar que se ha empezado a concretar el consenso ya construido en 2018 en torno al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y se está concretando en la necesidad de superar el tratamiento asimétrico que sufrían y sufren las víctimas del Estado.

Sin embargo, reconocemos que aún quedan algunas tareas pendientes en ese camino: lograr que el reconocimiento y la reparación a las víctimas del Estado tenga un mayor impacto social; dejar de lado la actual utilización reduccionista del concepto de «nuestras» víctimas, porque todas son de toda la sociedad y como tales debemos ampararlas; y analizar la incidencia del género en el tema de las víctimas.

Desde el Foro Social Permanente creemos que, en esta nueva etapa, estos retos necesitan de nuevos instrumentos que ayuden a buscar soluciones innovadoras que permitan avanzar. Y si hasta hoy el camino ha sido colectivo, confiamos en que en el futuro lo seguirá siendo, y que la sociedad no volverá a dejar solas a las víctimas.

Antes de terminar, queremos reconocer a todas ellas, a quienes habéis participado en cada una de nuestras iniciativas, a quienes os habéis visibilizado públicamente, a quienes habéis compartido vuestro testimonio. Podemos estar orgullosas, porque gracias a todo este esfuerzo, hoy nuestra memoria es mucho más poliédrica. Eskerrik asko.