Estando en el poder conjugar ética y política es uno de los desafíos más difíciles de resolver bien. La tendencia casi innata de cualquier poder político -sea de derechas o de izquierdas- o económico, es a la corrupción, al egoísmo particular o para los “nuestros”. Por lo tanto, los nuestros también se pueden corromper.

Además, los escándalos que aparecen estos días ponen de relieve que si hay mayorías absolutas o si se detenta el gobierno de modo continuo durante varias legislaturas, todavía se incrementa más la posibilidad de corrupción, amiguismo o despilfarro. Y también se está poniendo de relieve que si no funciona la división de poderes, esto es, si el gobierno, el legislativo y el judicial están controlados por la misma fuerza política, o si los medios de comunicación dependen del poder político y económico, la corrupción cuenta con muchas más posibilidades de campar a sus anchas y es mucho más difícil que sea destapada y perseguida.

En este mismo sentido, la interrelación entre política y negocios deteriora la democracia y facilita la corrupción. Es evidente que la cultura del pelotazo y los modelos de desarrollo especulativo, son campo abonado para la corrupción.

Por estas razones, se requiere una lucha permanente y un control riguroso contra la corrupción. Debemos tomar conciencia de que ninguna fuerza política, organización sindical, empresarial o social es per se inmune a la corrupción. La sociedad y especialmente las fuerzas políticas debemos ser implacables con los cargos públicos corruptos y también establecer un castigo ejemplar para los corruptores, que se suelen ir de rositas. Debemos dotar de medios a los organismos públicos encargados de controlar la decencia pública y respaldar plenamente el comportamiento de jueces, policías, funcionarios y fiscales especializados en el tema y así mismo, apoyar a los medios de comunicación que estén a la altura y que desempeñen un papel independiente, honrado y positivo en esta lucha. Y debemos combatir los paraísos fiscales, la opacidad bancaria y las legislaciones duras con el débil y blandas con el fuerte, que han sido y son instrumentos clave para la corrupción.

E, igualmente, hacemos una llamada de atención al papel de la ciudadanía. Sin obviar que el sistema democrático adolece de los suficientes cauces de participación, control y transparencia en la vida pública, incluso en el ámbito de la administración más cercana -la municipal- (aspecto clave en la prevención de la corrupción), durante los años previos a la crisis, y también en sus primeros años de desarrollo, ha habido en un extendido sector del electorado una tolerancia en múltiples administraciones locales y autonómicas cuando eran conocidas determinadas listas “contaminadas” y que sin embargo seguían gobernando de manera mayoritaria. Era además, un tiempo en el que la corrupción no figuraba entre las principales preocupaciones de la sociedad y quizás se “daba por bueno” cierto nivel de corrupción siempre que hubiera una valoración global positiva de la gestión política (en las municipales de 2007, cuando aún no había crisis, el 70% de los alcaldes imputados salieron reelegidos). Sin una cultura pública exigente y de tolerancia cero ante la corrupción por parte de la ciudadanía difícilmente la derrotaremos.

Finalmente, hay que exigir responsabilidades no sólo por las prácticas corruptas, sino también por los salarios, multisueldos, dietas opacas y abusivas o indemnizaciones descomunales de altos ejecutivos en entidades rescatadas o subvencionadas, por los rescates bancarios, de autopistas, etc. a costa del erario público. En este capítulo se encuentra la parte más importante de la corrupción y de favoritismos multimillonarios que están quedando impunes, cuando no premiados.

Los escándalos conocidos en una época de penuria económica han aumentado la indignación anticorrupción de la población. Esto es excelente para la salud pública de la sociedad y la democracia. Ahora, conviene no caer en la caza de brujas y en la demagogia; y conviene atajar la corrupción con firmeza, con realismo, con eficacia, sabiendo que las mediaciones políticas, sindicales o sociales son necesarias y que debemos luchar porque sean honestas en su cometido. Y tenemos que actuar sin caer en posiciones populistas o demagógicas que conduzcan a la desafección total de la política o a meter a toda la gente que ocupa cargos públicos en el mismo saco de forma injusta. Flaco favor haríamos a la democracia y al bien común.

Denunciar, castigar, poner controles más rigurosos, potenciar la división de poderes, apoyar a los organismos encargados de velar por la decencia pública, preservar su independencia y buen hacer, generar una cultura pública activa, exigente, donde la honestidad ocupe un lugar más importante que el otorgado por el conjunto de la sociedad hasta ahora. Ese es el camino no para erradicar la corrupción de modo absoluto, sino para que no campe a sus anchas y para que no corrompa la conciencia de la propia sociedad con su normalidad.