En los últimos años la propuesta de garantizar la gratuidad de los euskaltegis ha figurado en el programa de coalición del Gobierno vasco (PNV y PSE), y en los programas políticos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, pero sin llevarse aún a la práctica. Recientemente ha comenzado la tramitación de una proposición de ley de EH Bildu, con un texto inicial que, aún con limitaciones y con alguna peligrosa contradicción, abre una buena oportunidad para concretar el nuevo derecho, y avanzar en su puesta en práctica.

CCOO Euskadi, agradeciendo y aprovechando el inicio del proceso parlamentario, hizo cuatro aportaciones en febrero de este año que, una vez cerrado el plazo de enmiendas, han sido compartidas por algunos grupos parlamentarios.

Lo primero que nos llama la atención es que, en concreto en el artículo seis, en la propuesta que se denomina "Proposición para garantizar el derecho a saber euskera", se disponga que: «todo el alumnado deberá acreditar, tanto en euskera como en castellano, el nivel B2 para poder obtener la ESO».

Esta disposición se apunta sin dudarlo a la filosofía educativa de las reválidas y convierte un derecho, el de aprender euskera, en una obligación que puede tener consecuencias muy graves para miles de estudiantes que se pueden quedar sin el título educativo básico.

Parece mejor centrarse en la conquista, por fin, del derecho gratuito a aprender euskera, que introducir de rondón una obligación temeraria. Por contra valoramos positivamente la intención (enmienda Elkarrekin Podemos) de elevar a rango legal el actual reconocimiento meramente reglamentario (Decreto 47/2012) de estudios realizados en euskera y la consiguiente exención de acreditación mediante exámenes y títulos, de la que se están beneficiando ya miles de jóvenes.

En cuanto al núcleo central de la propuesta de EH Bildu (art 9), se plantea que la gratuidad se garantice hasta alcanzar el nivel B2. Esto es un avance, sin duda, pero consideramos que se queda corto. Sirva de referencia que, de los más de 90.000 puestos con perfil lingüístico en el sector público vasco, cerca del 50% tienen asignado el nivel C1 (EGA). En debates parlamentarios anteriores EH Bildu y Elkarrekin Podemos así lo defendieron, y sería bueno que en esta nueva ley el aprendizaje gratuito de euskera se garantice hasta el C1. Además es necesario replantear el indudable exceso de demanda por parte de la Administración de puestos perfilados en el nivel C2. Este nivel solicitado excede en muchas ocasiones del nivel requerido para trabajar actualmente en un euskaltegi, lo que llama la atención para puestos que no están siquiera especializados en asuntos filológico-lingüísticos.

Mención aparte merece la enmienda del PNV y PSE, que además de limitar también el nivel máximo a B2, añade una serie de requisitos adicionales para disfrutar de la gratuidad: 1) cupo máximo de horas para superar cada nivel, 2) pagar por adelantado la matrícula (hasta 900 euros por curso en euskaltegi), 3) no haber recibido ninguna otra ayuda o subvención y 4) certificar que se ha superado la evaluación de cada nivel. Sin duda, también supone un avance respecto a la situación actual, pero se aleja de un auténtico derecho universal al aprendizaje de euskera sin obstáculos económicos, de acuerdo al modelo consolidado del derecho general a la educación.

En todo caso el coste monetario de matriculación no es la única barrera que mucha gente encuentra para conocer el euskera, posiblemente ni siquiera la principal. Aprender euskera, por la lejanía lingüística respecto a otras lenguas (a diferencia del caso del catalán o del gallego), requiere emplear cientos de horas de estudio. Un tiempo que muchas personas adultas no disponen por sus obligaciones laborales y/o familiares. Lo cual genera brechas tanto de clase como de género dentro de la sociedad vasca. Por ello CCOO Euskadi ha propuesto extender al sector privado un programa de liberaciones y reducciones de jornada para estudiar euskera, ligado a la formación continua, similar a los existentes en el sector público.

Finalmente en el artículo que se refiere al derecho a aprender euskera del personal de las administraciones públicas (art 11), hemos señalado una disfunción del sistema de liberaciones. Y es que el IVAP (así como HABE, Hobetuz o Lanbide con su respectivo alumnado) debería hacerse cargo del coste íntegro (no parcial) de las liberaciones, para evitar que la carga recaiga justo en los ayuntamientos, y en su caso empresas, cuyos trabajadores y trabajadoras se animan a aprender euskera.

Aprovechemos la oportunidad. Esta ley llega con demasiado tiempo de retraso, durante el cual no se han dado las debidas facilidades a la ciudadanía vasca, que quería aprender nuestra lengua. Pero más vale tarde que nunca. Así que afrontemos en serio, en profundidad, el nuevo derecho al aprendizaje gratuito del euskera, derribando muros y construyendo puentes para una mejor convivencia plural.