Secretario general de Sortu
Una nueva ventana de oportunidad

Este acuerdo en sede institucional necesita de un impulso social que lo haga irreversible. En primer lugar, porque no le van a faltar enemigos tanto en el seno del unionismo como en el del propio PNV. Y, en segundo lugar, porque los cambios políticos y sociales se pueden esbozar en la institución, pero tan solo pueden materializarse de la mano de una sociedad activa y protagonista.

13/07/2018

El acuerdo sobre las bases del nuevo Estatus Político para la CAV alcanzado entre PNV y EH Bildu es un acuerdo histórico. En primer lugar, porque, con la excepción de Lizarra-Garazi, es la primera vez que las dos familias abertzales alcanzan un acuerdo en torno a un marco de soberanía. Y, en segundo lugar, porque este acuerdo se produce en una encrucijada histórica de similares características a la de la Transición, momento en el que la izquierda abertzale trató, sin éxito, de alcanzar un acuerdo análogo al actual. Una encrucijada en la que, tras el agotamiento del marco autonómico en Hego Euskal Herria, vuelve a estar en juego el tránsito a un estadio de reconocimiento nacional y soberanía.

Tras casi dos décadas de lucha de una generación que, rebelándose ante la inacción del PNV, asumió el desarrollo de un movimiento emancipatorio que fusionó la lucha nacional con las corrientes de pensamiento de la época (Cuba, Argelia, movimientos de liberación nacional...), el franquismo diseñó un proceso de transición para neutralizar las olas de cambio que demandaban las nuevas correlaciones de fuerzas sociales. La dialéctica entre reforma y ruptura caracterizó aquel momento político, y marcó la evolución de unos aparatos de Estado –policiales, judicatura, económicos, mediáticos– que, bajo la apariencia de una democracia formal, continúan reflejando su profunda herencia franquista.

La arquitectura institucional planteada, Constitución y estatutos, fue consecuencia de una sociedad y organizaciones que erosionaron y condicionaron al franquismo con su lucha política y social. Es decir, el sistema se vio obligado a llegar hasta la actual Constitución y los actuales estatutos de autonomía no por voluntad propia, sino como intento de asimilar los avances en conciencia nacional y social de casi dos décadas de lucha.

En aquel momento histórico, en Txiberta, la izquierda abertzale intentó abordar un acuerdo de país para evitar planteamientos de reforma que dilapidasen el capital social acumulado en la lucha antifranquista. Pero el PNV prefirió recoger las «nueces» de esta última, y escapó a cualquier compromiso de ruptura democrática, convirtiéndose, junto con PSOE, PCE y CIU, en soporte del nuevo modelo de Estado.

La progresiva involución del Estado en torno al modelo autonómico y la resistencia de la izquierda abertzale y de amplios sectores populares del país creó, veinte años después, las condiciones para una convergencia básica entre ambas familias abertzales. Las bases planteadas en Lizarra-Garazi habrían permitido abrir una nueva etapa política, pero las inercias de ambos actores acabaron haciendo descarrilar aquel intento.

El fracaso de Lizarra-Garazi y el consiguiente estancamiento del tránsito de la autonomía a la soberanía provocó nuevos intentos de parte de la mano ya fuera del PNV o de la izquierda abertzale. Plan Ibarretxe y Loiola son procesos sin una mínima convergencia entre los dos actores citados, sin el suficiente impulso social, puramente institucionales, diseñados y desarrollados y que, tras sus respectivos fracasos, terminaron por agotar toda una fase política.

El cambio estratégico tiene como base de reflexión la convicción de que, una vez generadas las condiciones para ello, no es posible materializar ese tránsito entre autonomía y soberanía en el marco de una estrategia político-militar, así como que para ello es necesario abrir una etapa en la que poder proyectar las mentadas condiciones en una correlación de fuerzas institucional y social favorable.

La decisión y la acción unilaterales de la izquierda abertzale han ido dando forma a esta nueva fase política. En Hegoalde, el mapa institucional ha sufrido una profunda modificación, con una izquierda independentista convertida en única alternativa al PNV en la CAV y en parte fundamental del cambio en Nafarroa. Paralelamente, el nuevo contexto político ha permitido materializar un primer reconocimiento institucional-administrativo de Ipar Euskal Herria en la figura de la Mancomunidad Vasca. Asimismo, la desaparición de la lucha armada de ETA de la ecuación política vasca ha roto la espina dorsal de un Estado que utilizaba la variable antiterrorista como factor de cohesión interna y de neutralización del soberanismo vasco y catalán.

Con todo, ahora nos encontramos en una encrucijada similar a la de la transición. Y en esa encrucijada, el acuerdo de Bases y Principios alcanzado entre PNV y EH Bildu en la Ponencia de Autogobierno de la CAV con el apoyo parcial de Podemos tiene potencial para dar el tan ansiado y trabajado salto a la soberanía. El reconocimiento de la ciudadanía de la CAV como sujeto político-jurídico en pie de igualdad con el Estado, la institucionalización del derecho a decidir y la determinación de un nivel competencial suficiente para el desarrollo tanto de una democracia de calidad como de un modelo socioeconómico avanzado son mimbres suficientes para ello.

La izquierda abertzale quiere impulsar ese horizonte colectivo para que, institucional y socialmente, este pueblo pueda dar un salto político en el camino de la construcción de un Estado Vasco que agrupe en su seno al conjunto de territorios de Euskal Herria. En ese sentido, podemos subir un escalón político muy importante en parte del país a la par que vamos uniendo las piezas del jarrón roto.

Por otro lado, llegamos a este momento con una relación de fuerzas institucional propicia; con un movimiento social en defensa del derecho a decidir muy potente; con una mayoría sindical favorable a un Marco Vasco de Relaciones Laborales ya recogido en ese acuerdo de Bases y Principios; con las mayores movilizaciones de las últimas décadas; y con un tejido asociativo y organizativo que, dotado de dicho horizonte colectivo, tiene un potencial transformador inconmensurable.

Con todo, este acuerdo en sede institucional necesita de un impulso social que lo haga irreversible. En primer lugar, porque no le van a faltar enemigos tanto en el seno del unionismo como en el del propio PNV. Y, en segundo lugar, porque los cambios políticos y sociales se pueden esbozar en la institución, pero tan solo pueden materializarse de la mano de una sociedad activa y protagonista, mediante la movilización y el compromiso colectivos. Como siempre, solo el pueblo salva al pueblo.

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