Somos las trabajadoras de los recursos Hazten y Sortuleku, en Vitoria-Gasteiz. Desde hace un mes hemos iniciado un proceso de denuncia pública frente a las decisiones adoptadas por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), decisiones que están generando incertidumbre, precarización y desprotección en servicios esenciales dirigidos a la infancia y a mujeres −y a sus hijos e hijas− en situación de vulnerabilidad.
 
Estas decisiones no son neutras ni inevitables. Tienen responsables políticos con nombres y apellidos: Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales, y el equipo directivo del IFBS que las diseña y ejecuta. No hablamos de errores técnicos ni de ajustes administrativos, sino de elecciones políticas conscientes que degradan la red pública de cuidados.

No escribimos desde ningún despacho. Hablamos desde dentro de los recursos, desde la intervención directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acompañando a menores y mujeres que necesitan estabilidad, protección y continuidad, no improvisación ni recortes encubiertos.

Hazten es actualmente un hogar de protección con ocho plazas para niños y niñas de entre 7 y 14 años. La nueva licitación del IFBS plantea su eliminación para reconvertirlo en Abiatuz, un programa de preemancipación con 13 plazas. Esta operación se presenta como una mejora, pero en la práctica supone la desaparición de un recurso de acogimiento imprescindible. No se amplía la red: se sustituyen unas plazas por otras, dejando sin respuesta a una franja de edad especialmente vulnerable.
 
La falta de planificación es evidente. Estas pasadas Navidades Hazten acogió ingresos de urgencia de menores de 10 años, aun sin ser un recurso específico de urgencias, porque los hogares que sí cuentan con estas plazas están saturados. Hoy Hazten funciona como un cajón desastre: hogar de acogida, recurso de urgencias y espacio de preemancipación al mismo tiempo, sin criterios claros ni previsión.

En un hogar de acogimiento se protege. No se expone a niños y niñas a la incertidumbre permanente. Hablamos de menores que proceden de entornos familiares complejos y que necesitan rutinas, estabilidad y un espacio lo más parecido posible a un hogar.

Exigimos que Hazten se mantenga como recurso de acogimiento para menores de 7 a 14 años y que Abiatuz se cree como un nuevo piso de preemancipación, sin eliminar plazas de infancia. Las cuentas son claras: ocho plazas para infancia y 13 para jóvenes. Veintiuna plazas en total. Todo lo demás es recortar y maquillar.

Sortuleku es un recurso destinado a familias monomarentales en situación de vulnerabilidad. Desde 2008 ha acompañado a 53 familias mediante una intervención educativa integral, sostenida por un equipo especializado, con experiencia y con un fuerte vínculo con las mujeres y sus hijos e hijas. Sortuleku no es solo un recurso: es una trayectoria construida durante años.

El IFBS pretende sustituir Sortuleku por Ondoan, presentado como un proyecto nuevo. Sin embargo, en esencia se trata de la misma intervención, ampliada en número de plazas y trasladada de ubicación, sin garantizar la subrogación del equipo educativo. Cambiar el nombre o mover el recurso no altera su naturaleza. Lo que sí la destruye es eliminar al equipo que lo ha sostenido.
Además, Ondoan ya cuenta con una entidad dispuesta a gestionarlo, lo que evidencia que el proceso avanza sin haber garantizado ni la estabilidad de la atención a las familias ni los derechos laborales de las trabajadoras.

Exigimos la subrogación del equipo educativo de Sortuleku. Ampliar plazas o trasladar el recurso no justifica el desmantelamiento de un equipo consolidado. Sabemos −y el IFBS también lo sabe− que no estamos ante una mejora de la intervención, sino ante una maniobra para deshacerse del equipo sin asumir responsabilidades.

Durante este mes hemos sostenido una denuncia pública constante: en redes sociales, en medios de comunicación y en una reunión con Urtaran y su equipo, que ya han decidido el futuro de los recursos. Sus decisiones ignoran la experiencia de quienes trabajamos día a día e intentan desprestigiar nuestro trabajo, desmantelando años de dedicación y profesionalidad y poniendo en riesgo proyectos que funcionan y son imprescindibles para la infancia y las familias.

Seguiremos con la denuncia pública y no vamos a parar. Porque estas decisiones tienen responsables y porque lo que está en juego son vidas, cuidados y derechos.

Agradecemos a todas las personas que han leído este artículo hasta el final. Gracias por escuchar, por difundir y por no mirar hacia otro lado.

Porque cuando se ataca a Hazten y Sortuleku, se está atacando la protección. Y frente a eso, no vamos a callar.


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