Tras las elecciones regionales en la República Bolivariana todos coinciden en que ha de ser el inicio de una transición democrática. El bloqueo y las sanciones de Occidente que sufre la nación han provocado una grave crisis económica y el declive en la producción petrolífera pero no han conseguido su objetivo último: destituir a Nicolás Maduro de la presidencia después que Estados Unidos dejará de reconocerle como presidente. Ha sido Juan Guaidó, el líder opositor que se autoproclamara presidente con el beneplácito de Donald Trump, quien ha perdido casi tres millones de votos en relación con la anterior convocatoria.

Estos comicios también serán recordados por las palabras del escritor Mario Vargas Llosa: «Lo importante no es que haya libertad en las elecciones, sino votar bien». Votar «mal» prolongaría el aislamiento y la pobreza de la población. El premio Nobel ya soltó otra de sus perlas durante las presidenciales entre Chávez y Capriles al afirmar que «si las elecciones son libres, va a ganar la oposición, eso es clarísimo».

El contexto electoral en el país es bastante convulso desde la ajustada victoria legislativa en 2015 de la coalición de derecha (MUD). Los conservadores decidieron iniciar una estrategia de desgaste de Maduro provocando acaparamiento de bienes de consumo, boicot y el aumento injustificado de los precios. La violencia de los disturbios en los municipios gobernados por los antichavistas justificó el interés de los agentes extranjeros por intervenir. Fue entonces cuando EEUU intentó poner en marcha una operación militar «humanitaria» en territorio venezolano. La Unión Europea, por su parte, tomó la decisión de no reconocer ningún proceso electoral a partir de 2018. Al año siguiente el bloque comunitario ya no ocultaba su simpatía por el golpe militar perpetrado por los derechistas Juan Guaidó y Leopoldo López.

El motivo, que no la causa, de la actual crisis económica ha sido la hiperinflación en que está sumida la nación caribeña y la drástica reducción de los ingresos por la venta de petróleo que en siete años ha mermado su producción en más de dos terceras partes. La razón del descenso está en el bloqueo de Estados Unidos. Es en 2015 cuando el expresidente Obama decide sancionar con la orden ejecutiva 13.692 al Gobierno chavista alegando que es una amenaza «inusual y extraordinaria», bloqueando las transacciones financieras desde su territorio. Durante el mandato de Trump la ley será renovada y ampliada con efectos sobre la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ordenando confiscar sus acciones en el exterior e incautando las cargas que son abordadas en aguas internacionales.

Un bloqueo que ha sido superado gracias a los préstamos bancarios de China. Caracas es la mayor receptora de créditos del gigante rojo en la región, casi la mitad del total. Las dificultades de la principal empresa pública no financiera del país para poder exportar crudo están detrás de la actual hiperinflación. Este índice del aumento de los precios al consumo llegó a alcanzar en 2017 la cifra de cinco dígitos.

Los recientes comicios fueron supervisados por observadores venidos de la ONU, Rusia y la Unión Europea, entre otros, que finalizadas las votaciones decidieron dar su visto bueno a los resultados de la consulta. La postura más receptiva de la comunidad internacional hacia el Gobierno permite cierto optimismo en recuperar las relaciones que fueron abandonadas en aras del antichavismo. El vínculo con la Unión Europea parece decisivo pero difícil. Horas antes de la apertura de los centros electorales la Unión decidía ampliar al 2022 las sanciones contra los funcionarios gubernamentales de la nación caribeña.

Durante el mensaje anual en la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro hizo balance del 2021 alabando el logro económico de haber conseguido reducir el incremento de la tasa inflacionaria a cifras anteriores al 2015, en parte debido a que el país está aumentado su producción de petróleo y prevé llegar este año a un millón de barriles diarios. También destacó el acuerdo obtenido con la oposición firmando en México el "Memorándum de Entendimiento": derechos políticos para todos, respeto al Estado Constitucional, renuncia a la violencia y protección de la economía. Pero, a pesar de la validez de las elecciones, la derecha ya amenaza al presidente constitucional con activar una campaña pro referéndum contra él, justo cuando más necesario es un consenso por la estabilidad.