Han transcurrido nueve meses desde que el Ayuntamiento de Ordizia aprobó provisionalmente la modificación del Plan Parcial de 2008 en el ámbito de Oiangualde. Mediante esta modificación, la constructora solicitaba autorización para construir 82 viviendas adosadas en lugar de las 27 viviendas bifamiliares inicialmente previstas. No es difícil entender el porqué: aquel proyecto, diseñado en pleno apogeo del boom inmobiliario, se volvió económicamente inviable con la crisis. Por eso ha permanecido paralizado durante 17 años. Se reactivó el pasado 27 de marzo, con la aprobación provisional del Pleno.

Esta noticia generó preocupación en gran parte de la ciudadanía y, como algunas personas no queremos que en Oiangualde se lleve a cabo ninguna urbanización ni se construyan chalets, creamos la plataforma ciudadana Oiangualde STOP. Desde entonces, hemos celebrado decenas de asambleas, nos hemos reunido con la ciudadanía, con representantes municipales y con todos los partidos políticos para exigir la paralización del proyecto. Hemos recogido 780 firmas y hemos presentado alegaciones a la modificación del Plan Parcial aprobada por el Ayuntamiento.

Es evidente que, 17 años después de su aprobación, el mantenimiento del Plan Parcial o su modificación suscita numerosas dudas jurídicas y técnicas. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma: no existe alternativa.

No cabe duda de que, desde el punto de vista jurídico, el asunto es complejo. Pero de ello no se puede concluir que no existan posibilidades de detener el proyecto. En opinión de nuestra plataforma y según los expertos urbanísticos consultados, hay bases suficientes para cuestionar la modificación del Plan Parcial, siempre que exista voluntad política para ello.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que este proyecto ha estado paralizado durante 17 años. En todo ese tiempo no se ha hecho nada y el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida especial. Ahora, sin embargo, la actuación para reconducir la situación no se ha centrado en repensar el proyecto, sino en mejorar las condiciones para la empresa constructora, de modo que pueda edificar más viviendas. Da la impresión de que el hecho de no haber hecho nada durante años, en lugar de tener consecuencias negativas para las empresas adjudicatarias, ha acabado traduciéndose en una recompensa.

En segundo lugar, Ordizia carece de un planeamiento general urbanístico adaptado a la legislación vigente. Todavía funciona con normas aprobadas hace 25 años. Esto pudo ser comprensible durante un tiempo, pero no hoy, y mucho menos para introducir un cambio profundo que puede condicionar un espacio natural y vital de gran importancia. Más aún cuando dicho planeamiento general no está actualizado ni adaptado a la Ley del Suelo y Urbanismo aprobada en 2006. Esta situación genera incertidumbre e indica que las decisiones se están tomando sobre fundamentos poco sólidos.

En tercer lugar, el avance que presentó el propio Ayuntamiento en 2016 para un nuevo Plan General planteaba otras propuestas para Oiangualde. Entre otras, se contemplaban actividades económicas, equipamientos y usos vinculados al entorno educativo y a la innovación. La modificación que se propone ahora no explica por qué se rechaza aquella visión ni por qué se opta por construir más viviendas. Esto plantea la duda de si realmente se está priorizando el interés general del municipio.

En cuarto lugar, está la cuestión de las viviendas protegidas. El Ayuntamiento afirma que el cupo correspondiente a este tipo de viviendas ya se ha cubierto y se seguirá cubriendo en otro barrio, y que así se cumple el requisito legal. Sin embargo, no es tan simple: la ley establece que cada ámbito o sector debe cubrir su propio cupo, y para poder eludir ese requisito se requiere una planificación general clara. No está claro si la planificación existente cumple suficientemente las exigencias de la normativa vigente.

Por último, el Ayuntamiento sostiene que con la aprobación de la modificación del Plan Parcial no se altera la edificabilidad. Sin embargo, el cambio de tipología −pasar de chalets a viviendas adosadas− incrementa el valor del metro cuadrado y genera mayor rendimiento. Esto repercute directamente en la dimensión y en los efectos del proyecto, pero el Ayuntamiento no ha ofrecido una explicación suficiente al respecto ni ha realizado un análisis exhaustivo.

Desde que presentamos las alegaciones, el Ayuntamiento ha necesitado cuatro meses para preparar su respuesta. Aunque hemos puesto sobre la mesa dudas jurídicas de calado y hemos solicitado tiempo para analizarlas, el Ayuntamiento pretende decidirlo en el Pleno del 18 de diciembre, sin apenas margen para estudiar las respuestas dadas a nuestras alegaciones.

Nos resulta incomprensible esta urgencia para votar la modificación del Plan Parcial, más aún cuando el propio alcalde ha declarado su desacuerdo con el proyecto. De hecho, si se rechazara la modificación del Plan Parcial, no sería posible construir estas 82 viviendas, y sería muy dudoso que el proyecto aprobado en 2008 fuera viable. Una decisión así abriría la puerta a impedir definitivamente la urbanización y los chalets en Oiangualde.

Si, por el contrario, se aprueba la modificación, la empresa constructora tendría vía libre para construir 82 viviendas y se reducirían considerablemente las posibilidades de paralizar el proyecto.

Por ello, hacemos un llamamiento claro a las y los representantes y autoridades municipales para que rechacen la modificación del Plan Parcial y hagan todo lo posible para que en Oiangualde no se construya ninguna urbanización ni chalets. Esta decisión no es un problema exclusivamente técnico: es también una decisión política.

Asimismo, este jueves, a las 18.00 horas, convocamos a las y los ordiziarras a acudir al Pleno para pedir a los representantes municipales que paralicen el proyecto.


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