Emilia trabajó 15 años como auxiliar de geriatría en la Residencia San José de la Montaña, cuidando residentes hasta el 25 enero de 2019, que fue despedida, al rechazar la empresa la ‘Adaptación del puesto de trabajo’ que propuso Traumatología de Osakidetza por la lesión del brazo derecho.

Emilia había permanecido de baja después de marzo de 2018, que sufrió un fuerte tirón al atender a un residente y evitar su caída. Una lesión en tiempo y lugar de trabajo (dicha baja debió considerarse accidente de trabajo), por la tendinitis o patología del manguito rotador, quedando limitada para mover cargas manuales. El fulminante despido de la Residencia San José de la Montaña nos demostró su falta de humanidad, pese a su religiosidad. No habían realizado la Evaluación de los Riesgos Ergonómicos de los puestos de trabajo que requiere la Ley de Prevención. Un requisito fundamental, para una actividad de mucho riesgo, como la movilización de los residentes, es decir, cargas pesadas y mala postura, sin permanente acceso a las grúas. La Inspección de Trabajo afirma que la han realizado en febrero de 2020, tras una denuncia de CCOO.

Igualmente, Cenforpre Servicio de Prevención de la empresa, olvidó la realización de dicha evaluación, también se olvidó hasta el marzo de 2019 la 'Comunicación de Sospecha', sobre el origen laboral de la lesión, hasta que fue requerida por Osalan tras la denuncia.

Ante tanto incumplimiento de la Residencia San José de la Montaña a la obligatoria protección de la salud de las trabajadoras, Osalan, como la Inspección de Trabajo, no la sancionan, se limitan a requerir justificantes a la residencia, que subsanan las infracciones y malas prácticas preventivas. Pero «No es su competencia» valorar los daños a la salud de la trabajadora, que ha quedado incapacitada para ejercer su profesión: auxiliar de geriatría. ¡Qué barato sale a las empresas incumplir la ley y dañar la salud de las trabajadoras!

Afortunadamente, no tienen la misma actitud, cuando el lesionado es un hombre y la causa, es atrapamiento o una caída de altura, cuando la empresa incumple sus obligaciones preventivas.

¿A qué se debe esta diferente actitud? ¿A una discriminación de género o al menosprecio del riesgo ergonómico, causante de innumerables bajas y lesiones musculoesqueléticas? ¿O ambas causas? Sea una u otra la causa, resulta inaceptable tanta impunidad empresarial.

Ante esas prácticas permisivas, el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco tiene que reaccionar y acabar con la ausencia de evaluaciones de riesgo, especialmente cuando el daño es evidente. No sé puede permitir, que sea tan barato, incumplir la ley y dañar la salud de las trabajadoras. Proteger la salud de las auxiliares de geriatría, es clave, de ellas depende la salud de los residentes y las personas mayores.