Jesús Uzkudun Illarramendi | Activista por la Salud Laboral

Audífonos y pérdida auditiva por ruido laboral

La lectura de un artículo sobre Audífonos, ‘Una ayuda para oír mejor’. Publicado por OCU Salud Nº 123, señala, que ¼ de los españoles, con edades entre 40 y 75 años, admite tener problemas de audición y que a partir de los 40 años nos cuesta oír los sonidos agudos. Correcto.

Sorprende, que se oculte el origen o causa de gran parte de las pérdidas auditivas, como son las consecuencias del ambiente ruidoso en los puestos de trabajo, como la contaminación acústica en los centros urbanos.

Mas grave me parece, que se oculten derechos, que corresponden a gran parte de afectados.

El artículo de la OCU ignora o trata de ocultar que:

1. Según la OMS la perdida de audición inducida por el ruido es «la enfermedad profesional irreversible mas prevalente».

2. Que el 29% de los trabajadores europeos está expuesto a altos niveles de ruido durante su jornada laboral, y que la exposición prolongada a ruidos superiores a 80 dbA puede provocar daños auditivos, afectando de forma silenciosa las frecuencias agudas y más tarde, las frecuencias conversacionales.

3. Que los profesionales de los Servicios de Prevención, tras la vigilancia sanitaria anual, están obligados a comunicar Sospecha de Enfermedad Profesional, si la persona afectada está expuesta a más de 80 dbA en su puesto de trabajo.

4. Si la citada pérdida auditiva, es producida por el ruido laboral, puede reclamar a la Mutua, el reconocimiento de enfermedad profesional, teniendo derecho a una indemnización que oscila entre 1.800 a 3.580 euros y la entrega gratuita de audífonos adecuados, como prótesis, si estuvieran afectadas las frecuencias conversacionales.

Por último, insistir, una vez jubilado, no se puede reclamar, por ello, señalo la responsabilidad de los profesionales sanitarios de los Servicios de Prevención y la obligación que tienen de comunicar sospecha de enfermedad profesional, una vez detectada la lesión.

Ignorar u ocultar la pérdida auditiva, es un fraude a la prevención de los riesgos laborales y a las personas afectadas, posibilitando que aumente la epidemia de sorderas.

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