Estudios de viabilidad, nuevas herramientas para ajustes a la baja, propuestas alternativas y complementarias (EPSV, RGI...) salidas de mentes sesudas, han florecido sin hurgar en las causas reales que nos han traído a esta situación.

En un artículo publicado el 1 de diciembre, la palabra «saqueo» desvela lo que tras casi 40 años llenando las arcas de la Seguridad Social, hoy nos hacen ver que el enfermo no tiene curación, su diagnóstico: «es insostenible». Traza la estadística de ahorro en la hucha obrera desde 2001 hasta 2011 y su agonía desde la primera dentellada en 2012, pero el «cerdito» ahorrador, no expira, aún a sabiendas que la precariedad salarial de hoy provoca déficit en cotizaciones y más precariedad a las futuras pensiones... un problema sin fin.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos M. Ruesga, miembro de la comisión de expertos nombrados por el Gobierno, ve parte de la solución en una de las raíces del problema: «Es un error presentar el equilibrio en términos actuariales, es decir, exigiendo que las ‘primas’ sean suficientes para el pago de las prestaciones contributivas. El equilibrio debe ser presupuestario y tiene tres implicaciones principales».

Por resumir señalo donde pone el foco: «¿Por qué España no puede asumir en esta materia un esfuerzo equivalente al que realizan sus socios comunitarios?». Situá el origen de esta debilidad institucional en concebir «sostenibilidad» como: lo que el sistema puede pagar por si mismo... cuando la clave estaría en que el gasto no exceda de una proporción razonable de la renta generada por el conjunto de la sociedad» y dar cumplimiento al Art. 50-10.1 de la Constitución.

Su colega Borja Suárez ve en el origen del problema la raíz de la solución, que en su componente suma es: «Dedicamos a pensiones 1.926 euros por habitante. y la media europea es 2.700. Si el gasto social en países del entorno es entre 14 y 16% del PIB, ¿por qué España no alcanza el 12%?». Y en su componente resta: «A diferencia de esos países, la Seguridad Social está pagando con cotizaciones de los trabajadores gastos que debería pagarlos con los PGE (gastos de personal, edificios...)».

Su envergadura social y tanto ocultamiento exigen auditoría.