Las noticias que se han recibido de Bruselas sobre la descalificación del Abogado General de la UE de la sentencia del Supremo sobre el Procés supusieron una explosión de júbilo en los círculos progresistas. Desautorizaba y declaraba nula la condena de los presos políticos y declaraba la legitimidad de los exiliados catalanes en la Asamblea de Estrasburgo. Además de otras rectificaciones y anulaciones a la política del Gobierno ratificando las decisiones de las instituciones de la Generalitat y el Govern.

Todo parecía un sueño y se pensó que gracias a que en el nuevo Gobierno participaba Podemos se iniciaba la democracia real y que la Transición era historia. Se nos había olvidado que el Mercado Común era eso, un mercado que se creó para solucionar los problemas económicos de la posguerra y las empresas volvieran a generar beneficios, para lo que hubo que adecuar las diversas legislaciones nacionales con ese objetivo.

Ahora se comprueba que las instituciones europeas están supeditadas a los intereses de los estados a pesar de que las sentencias de los tribunales comunitarios sean prevalentes a las de los estados. Así que la decisión del Abogado General opuesta a la sentencia del Supremo fue humillada y obligada a contradecirse a sí misma al día siguiente, afirmando que su interpretación sobre la sentencia del Supremo debía anularse y ser declarada válida. Por tanto, que Junqueras debería permanecer encarcelado y que los exiliados catalanes someterse al Parlamento Europeo para retirarles la inmunidad. Rectificaba su doctrina afirmando que debía declararse nula que todos los condenados gozaban de inmunidad pues ya eran diputados al iniciarse el Procés.

Ahora se evidencia que la UE es realmente un club de intereses económicos y políticos de los estados miembros y que en Bruselas operan los mismos fenómenos de presión a favor de los poderosos y que la ciudadanía tiene escasa capacidad de influir.