Javier Orcajada del Castillo | Bilbo

Consecuencias de la deuda publica española

España paga diariamente 90 millones de euros por servicios de deuda pública. Ese es el coste en los presupuestos que el PSOE suplica a los nacionalistas catalanes que les apoyen, precisamente quienes tienen encarcelados a los líderes de los partidos independentistas. Es lo que debemos pagar a nuestros queridos prestamistas para que nuestra economía no colapse. La herencia que nos han dejado los del bipartidismo. El dato encierra toda una filosofía, pues muestra que vivimos de prestado, del cuento, no podemos mantener el nivel de gasto. Puede ser una solución temporal, pero a ver quien es capaz de vivir a préstamo, aunque le avale hasta el diablo. La deuda pública española es un bucle, pues los acreedores no aspiran a que se les amortice, se limitan a renovarla permanentemente, aunque siempre crece, dado que los ingresos públicos on sistemáticamente inferiores a los gastos, es una economía caótica. La deuda pública de los estados se ha convertido en el instrumento de penetración de las economías desarrolladas en las de los que están en vías de desarrollo, que carecen de estructuras y continúan dominadas por sus antiguas metrópolis. Pero poseen materias primas estratégicas que necesitan las metrópolis. Por medio del mecanismo de la deuda las potencias han sustituido a los ejércitos coloniales humillando la soberanía de los nuevos estados que financian sus deudas con la garantía de sus yacimientos estratégicos. Además es corruptor de los gobiernos cipayos. España alardea de potencia mundial, pero es uno de los países más endeudados del mundo, su deuda externa equivale a la renta nacional. Para pagarla a sus acreedores las haciendas drenan los fondos de partidas para gastos sociales. Tuvieron que modificar con argucias el artículo 135 de la Constitución dado que los prestamistas exigieron prioridad a la hora de cobrar su deuda. Esta filosofía encubre corrupción, pues muchas partidas de la deuda pública corresponden a la de empresas privadas que sus acreedores aceptan financiar a condición de ser considerada como deuda pública.

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