Que el futuro de España está en peligro procedente de muchos orígenes no tiene ninguna duda y los constitucionales ven las orejas al lobo endureciendo las leyes hasta extremos ridículos. Este política de emergencia está liderada por el PP y Ciudadanos y apoyados por el PSOE y en ciertos aspectos por Podemos. La monarquía se derrumba, pues ignora es su misión, si la tiene. Cataluña ha logrado internacionalizar su conflicto y de facto es ya una república, aunque intervenida por los tribunales y fuerzas policiales españoles. La crisis económica, por muchos éxitos macroeconómicos colaterales que se publiquen, muestran que la realidad es tozuda y su manifestación más relevante es que el índice de pobreza ha subido del 39% al 49,5% de la población desde que se inició la crisis. La juventud tiene que abandonar su patria y no para hacer turismo como afirmaba cínica la ministra de trabajo. La Transición fue una lavativa al franquismo sociológico para desmontar ordenadamente aquella repulsiva dictadura; era la condición que exigían las democracias para aceptarle en Europa. Como era de esperar el intento de lavado de cara es un fracaso sin paliativos y los tribunales europeos no cesan de impugnar sus sentencias por no ajustarse a principios generales del derecho. Por eso empiezan a surgir jueces que ponen sus barbas a remojar rebelándose contra las instrucciones y mensajes crípticos que provienen del Poder Judicial y Ministerio de Justicia amenazándoles con truncar sus carreras profesionales. Y esa rebelión no ha hecho más que empezar. Cuando vaya a desmontarse el régimen de la Transición habrá que poner orden a los destrozos causados por tribunales en sus sentencias basadas en la legislación del enemigo. ¿Qué se decidirá con los condenados en juicios en los que no se respetaron los derechos a la justicia imparcial? ¿Se decretará una amnistía general? ¿Se indemnizará a las víctimas? ¿Se investigará a jueces y fiscales que emitieron sentencias a sabiendas de que lo fueron sin garantías procesales? Se pedirán responsabilidades por los 4.000 vascos que se ha demostrado, de acuerdo con los protocolos de la ONU, que fueron torturados en interrogatorios policiales? A estos interrogantes habrá que responder negativamente, pues hay fuerzas ocultas que lo impedirán, dado que la interpretación de estas leyes constituye un asunto de estado y en Europa dudarían alentar medidas que supongan desmontar la Transición de la que tantos se han aprovechado y la consideraron botín de guerra. Además, el contencioso con Catalunya sólo tiene la solución real aplicando leyes ajustadas a los principios generales del derecho. Y los catalanes ya son imparables.