Las recientes declaraciones de Eneko Andueza, en las que califica el euskara como «una amenaza más» para los derechos laborales, no solo resultan profundamente desafortunadas, sino también preocupantes por lo que implican. 

Presentar el conocimiento del euskara como un obstáculo para el acceso al empleo público supone ignorar deliberadamente la realidad sociolingüística de Euskal Herria. El euskara no es un capricho ni una imposición arbitraria: es una lengua propia, oficial, y durante siglos ha sido perseguida, marginada y criminalizada. Hoy, su normalización no es un privilegio, sino una cuestión de justicia histórica y de derechos fundamentales. 

Equiparar la exigencia de conocer las dos lenguas oficiales con una amenaza laboral es invertir el problema. Lo que realmente limita derechos es no garantizar que toda la ciudadanía pueda ser atendida en cualquiera de sus lenguas. En este sentido, el conocimiento del euskara en la administración pública no excluye, sino que amplía derechos: los de quienes quieren vivir y relacionarse en su lengua. 

Resulta especialmente grave que se utilicen argumentos de este tipo en el contexto del Primero de Mayo, una jornada que simboliza la lucha por los derechos laborales. Vincular la defensa del euskara con una supuesta pérdida de derechos de los trabajadores no solo genera una «bronca artificial», sino que también divide innecesariamente a la sociedad. 

La convivencia lingüística no se construye enfrentando derechos, sino garantizándolos todos. El euskara no es una amenaza: es parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad y de nuestro presente. Defenderlo es, precisamente, defender una sociedad más justa e inclusiva. 

Porque los derechos no compiten entre sí: se complementan. 


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