El poder judicial y el compadreo político
Según informaciones ordinarias, el pleno del Consejo del Poder Judicial se atascó en la elección de su presidente el 10 de Julio. ¿Por qué ocurrirá esto? Por lo mismo que han protagonizado esperpénticamente peleas de gallos, por carecer de principios democráticos, suplantados por la plutocracia, faltando al respeto de
la institución y por la disputa competencial entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. He aquí la principal causa de sus vergonzantes
actitudes. El magistrado Joaquín Navarro, en su libro ‘25 años sin Constitución’, afirma: «Donde no hay separación de poderes, no existe Constitución y donde no hay control sobre el ejecutivo no existe democracia». Ante estas afirmaciones de un experto en la materia, se entiende el compadreo institucional, consecuencia derivada de la transición política, que se limitó a trasladar con confusión y temor al ruido de sables la denominación política de dictadura a democracia,
sin las garantías del Estado de Derecho que nos han vendido. Durante bastantes años, hemos tragado la política llamada «del bienestar». ¿En qué consiste? Partiendo de una constitución inexistente, la oligarquía nos hizo creer con su retahíla constitucional, que se respetarían los derechos sociales fundamentales, encontrándonos con la fraudulenta política especulativa de mercado, sin control institucional. De esta manera, los derechos constitucionales, el trabajo y la vivienda han sido ignorados y la educación, la sanidad, las ,libertades, etc., las están restringiendo aceleradamente con recortes implícitos y explícitos... Los partidos y personas constitucionalistas, aferradas a la letra sin contenido social, sólo exigen el cumplimiento de la unidad de España, ahondando en la precariedad democrática en todas las instituciones, afectando principalmente a las comunidades autónomas, bajo el pretexto de la deuda. ¿Por qué no exigen a quienes la han producido que restituyan lo robado? ¿Dónde estará la línea de separación entre culpables que defraudan y gobiernos que les indultan? ¿Por qué se
permitió el desastre ecológico de la construcción sin ley, cuya burbuja ha generado esta dramática situación?
El Poder Judicial, no puede funcionar por falta de autonomía, al ser designados los vocales y hasta el presidente por los partidos proporcionalmente a los resultados electorales. ¿Dónde queda el código deontológico, para aplicar la justicia en plano de igualdad, si se deben al compromiso político del partido que los designó? Considerando la degradación ética de los partidos, producto social, ¿qué justicia esperar de la política judicializada y de la justicia polítizada?
El expresidente del Consejo del Poder Judicial —tristemente famoso— Carlos Dívar, fue elegido dedocráticamente por ZP y su colega institucional Rajoy. Recuerdo que «aluciné» con un comentario suyo. Se jactaba de tener preeminencia en el acierto de sus deliberaciones, por ser católico, cuando la doctrina social católica oficial no es la más propicia para impartir justicia igualitaria, por compartir la política represora de mercado y gobierno; intentando repararla, con el
generador de miseria social, el asistencialismo voluntarista.
Por otro lado, ¿desconocerá el Señor Divar la parábola —metáfora evangélica—: «Quien se ensalza, será humillado y quien se humilla, será ensalzado». Porque Jesucristo, vino a servir, no a ser servido. Sin embargo, dicho Señor prepotente, parece entender (por los suntuosos gastos sin justificación profesional), más interesante, el segundo concepto metafórico. En todo caso, ¿cómo entender que ZP iniciara la primera legislatura con etiqueta de nieto de víctima republicana del fascismo, con ínfulas de política laicista, para separar realmente las iglesias del Estado, habiendo terminado la presidencia aportando más dinero que nunca a la católica? La ofensiva salvaje del capitalismo globalizador, está recortando todos los derechos sociales; más las 32 condiciones impuestas al Estado por la Unión Europea, a cambio de ayudar a los bancos y de crear uno malo; ¿es qué hay alguno bueno? Debiera haberlos, lógicamente públicos, con transparencia; como también cooperativossolidarios.
Atención a tanta injusticia. La dignidad humana no la legitimará.