La censura que nos llevará a todos a la ruina
Cuando en el Estado español la peseta era la moneda oficial, si el Banco de España imprimía 100 pesetas, éstas circulaban libremente, sin que nadie debiera nada a nadie. Pero a partir del año 1998, con José María Aznar de presidente de Gobierno, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato de vicepresidentes, éstos firmaron la adhesión al euro, que se hizo efectiva el 1 de enero de 2002. A partir de entonces, cada vez que el Banco Central Europeo imprime 100 euros españoles, nosotros debemos, pongamos, 110. Pero ¿de dónde sacaremos estos 10 euros de más, si estos euros no existen? Pero resulta que los estados no son entidades con ánimo de lucro que generan beneficios, sino que gastan todos sus ingresos en bienes y servicios de los ciudadanos, por lo que, ni los 10 euros de los intereses ni el capital base de los 100 euros serán devueltos. Es normal, pues, que el Estado español vaya incrementando su deuda de forma exponencial. De seguir de la misma forma, el Estado quebrará y será obligado, como en Grecia, a vender y privatizar la sanidad, la educación, las pensiones, las infraestructuras y los servicios públicos, así como a aumentar los impuestos. Dentro de un hipotético estado independiente catalán, si este asume el euro como única moneda oficial, vivirá exactamente la misma situación a la que nos han llevado los gobernantes españoles en su Estado. En previsión de este grave problema, el Equipo del Centro de Estudios Joan Bardina hemos publicado en catalán, castellano e inglés, en Internet, un documento titulado 'Moneda y constitución', con diferentes propuestas de solución, que queríamos ofrecer en papel en inglés, junto con dos libros, al exministro griego de economía Yanis Varoufaquis en su visita al Born de Barcelona, visita organizada por el diario 'Ara'. Ofrecimos previamente a los organizadores una copia de este documento en catalán. Pero éstos decidieron censurar nuestro acceso al señor Varoufaquis, haciéndose cómplices de la ruina a la que nos veremos todos abocados si no enmendamos una decisión tomada en 1998 por los actuales gobernantes españoles.