Mi abuela de 82 años, con deterioro cognitivo severo, fue valorada en el 2015 en situación de dependencia grado II por parte de la Diputación, a pesar de que el neurólogo aun no supiera los resultados de las pruebas realizadas.

En el 2016, sabiendo el deterioro que tiene y tras una revisión en la que la trabajadora social le hizo una serie de preguntas a mi abuela, y hace constar que todo lo hacía perfectamente cuando en realidad no es así, la Diputación le revoca el grado II de dependencia. A cuenta de esto, se interpuso un recurso de alzada pero Diputación sin realizar ninguna otra valoración, rechazó el recurso.

Diputación en su página web describe claramente los cuidados pertinentes que tiene que tener este tipo de personas, con lo cual y por consecuencia, se contradice en este caso. A causa de haberle quitado el grado II de dependencia, se tendría que ir a casa con su marido de 92 años con el cual hay una muy mala relación, y por lo tanto no dormirá, se agitará, llorará…, volviendo a recaer teniendo en cuenta la enfermedad que tiene.

Con lo antes mencionado, tengo que decir que hacerle la vida imposible a personas con dependencia sin ninguna valoración que verifique en realidad el problema que tiene, es una lamentable injusticia por parte de Diputación. Desde mi perspectiva, me siento impotente al ver que las instituciones van a complicar severamente la vida de mi abuela, y yo junto a mi familia no podamos hacer nada más que hacer una denuncia pública. Con este escrito, quisiera animar a la gente que este en una situación parecida, a que denuncie la mala gestión de la Diputación en estos casos.