Boris Johnson no deja de sorprender, pues se «sin reservas» en nombre del gobierno británico por los sucesos ocurridos en Ballymuphy entre el 9 y el 11 de agosto de 1971 y que la justicia ha condenado el uso excesivo de ls fuerzas del ejército británico en los que murieron diez personas «totalmente inocentes». Es la conclusión de la justicia   británica sobre aquella masacre del ejército que tuvo lugar en el barrio de Ballymuphy, en Belfast, cuyas impactantes imágenes han sido ampliamente difundidas a lo largo de los años transcurridos.  

La beatífica sentencia de la jueza expresa que «no había ninguna prueba convincente  para justificar los tiroteos y el uso claramente desproporcionado de la fuerza». Y para llegar a  esa conclusión ha necesitado 50 años. Pero las disculpas «sin reserva» de Johnson  tienen doble intención, pues ha prometido legislar para impedir nuevos juicios «vejatorios» contra militares en sus acciones durante el conflicto del norte de Irlanda,  lo que ha ofendido al gobierno del Ulster y trata de salvar la imagen de la tropa desbocada. Su cinismo le lleva a declarar que su intención es avanzar en la reconciliación en Irlanda del Norte y dar satisfacción a las familias de las víctimas. Pero a ese  proceso de «duelo» ya se ha unido el ex premier Tony Blair para proponer la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación como las de Sudáfrica y Colombia y abandonar la línea de apelación a los tribunales de justicia. Como astuto político que es, bien sabe que estas comisiones de reconciliación que se constituyen en el seno de los parlamentos  de países en los que ha habido conflictos sirven para ocultar los hechos reales, para que los políticos se vapuleen y la ciudadanía se termine aburriendo. Pero lo que les aterra es que los casos se investiguen y acaben con sentencias condenatorias. Aunque como en este caso, la justicia que tarda en sustanciarse 50 años tiene escaso valor. De ello pueden ilustrar los tribunales españoles.