Tal vez, el gobierno del Estado español logre detener las legítimas ansias de independencia y de creación de un estado propio por parte del pueblo catalán. Pero lo que es evidente y meridianamente diáfano es que convencerles de lo contrario es absolutamente imposible, pero no sólo por lo firme y sólidamente arraigadas que tienen sus ideas, aspiraciones, ilusiones y argumentos de todo índole y género, sino también – y esto es muy importante – por la absoluta debilidad argumental de la nefasta intransigencia totalitaria del nacionalismo español. En este caso, cohesionado y haciendo piña con el Gobierno, se encuentran todas las formaciones políticas de derechas o de centro derecha de ámbito estatal, excepto Podemos, así como los sindicatos claudicantes y a años luz de los que dicen defender; todos unidos con la gran patronal española, formando una obscura y tétrica imagen, que en lo icónico nos remite directamente al S. XVIII, a Los Caprichos de Goya, y en lo conceptual –muchísimo más atrás– a los años más obscuros y terribles de la Edad Media.

Esa clase política española –heredera directa de una mentira de colosales proporciones como fue la llamada «transición española»– encerrada en sí misma y en sus privilegios, ante una situación tan transcendental y determinante para tantos millones de personas, como las que forman la nación catalana, es totalmente incapaz de dar una mínima serie de datos económicos, sociológicos, científicos, educativos, sanitarios, culturales, laborales, históricos… que pudiesen convencer a la población catalana de las ventajas de permanecer en el Estado español. Y no lo pueden hacer por la sencilla razón de que no existe ningún dato objetivo, en ninguno de los ámbitos reseñados, que pueda suscitar un mínimo interés para un nacionalista catalán y, objetivamente, tampoco para una persona catalana no nacionalista o residente en esa nación. Una Catalunya independiente en todas las esferas de la vida social es muchísimo más atrayente.

Por lo tanto, al rancio y trasnochado españolismo no le queda otra baza que la amenaza directa con la «sacrosanta e infalible» Constitución española. Pero esa Ley de leyes, Carta Magna, fuente de donde emanan todas las demás, hace aguas por todos los sitios y hace tiempo que debiera de estar derogada y sustituida por otra real, inherente y decididamente democrática. El texto legislativo al que recurren obsesivamente, como si fuese una verdad universal y cósmica, será legal, pero carece de toda legitimidad desde una democracia realmente participativa, donde la persona sea el fundamento de todo el entramado jurídico y no el objeto directo, capaz de generar riqueza, para sustentar la cúspide de la pirámide social. La vigente Constitución carece de legitimidad, fundamentalmente, por el contexto en el que surgió y por las personas que la redactaron. Fue aprobada en referéndum hace, prácticamente, 37 años. La inmensa mayoría de la población actual o era menor de edad en esa fecha, o simplemente no había nacido. Concretamente se ratifico el 6-12-1978.

Tres años antes, el 20-11-1975, moría el cruel y vil dictador que se sublevó contra la II República, sumiendo en el caos, en el obscurantismo, en la tragedia y en el intolerante e intransigente nacional catolicismo a todo un país. El brutal retroceso al que se sometió a toda la población de un estado no ha tenido parangón en Europa. Transcurridos dos días desde la defunción, las Cortes franquistas y el Consejo del Reino –otra institución franquista y dictatorial– proclamaban rey a Juan Carlos I de Borbón, que había sido designado –6 años antes– por el general fascista Francisco Franco como su sucesor. El rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista: Carlos Arias Navarro. En Julio de 1976 era sustituido por Adolfo Suarez, que previamente y hasta esa fecha había sido Ministro Secretario General del Movimiento del sistema dictatorial fascista del mencionado finado.

Las primeras elecciones «libres», desde febrero de 1936, se celebran en junio de 1977. El partido donde básicamente se insertan franquistas y creado deliberadamente a semejanza e imagen de Adolfo Suarez: la UCD, no logró alcanzar la mayoría, pero formó gobierno, que fue dirigido por el mencionado Sr. Suarez hasta 1981. Este era el contexto, y los redactores del texto constitucional siete diputados. Ni una sola mujer y la mayoría pertenecientes a la misma derecha –ideológicamente– que había llevado adelante y auspiciado e incentivado el golpe de estado contra la II República. Los integrantes de la ponencia, que redactaron el subsodicho texto, fueron: tres miembros de UCD, uno de AP, el mismísimo Manuel Fraga, otro de CiU, uno del PSOE y el séptimo del PCE. Y ese texto que surgió de esa manera tan poco edificante, llamado La Constitución española, quieren aplicárselo con mano férrea, determinación impositiva y mediante un extraordinario Auto de Fe a todo un pueblo lleno de ilusión, esperanza y determinación, que empuña el arma más poderosa y temible de la historia de la humanidad: la razón