De hecho, todos estamos vacunados. Lo que nos alarma es la imposición de esta sustancia por parte del gobierno a pesar de que es el primer medicamento transgénico en fase experimental usado en humanos. Es experimental porque no ha pasado los controles establecidos y se aprobó para uso de emergencia, saltándose los mecanismos de control que requieren hasta cinco años de pruebas. Por lo tanto, se desconocen sus posibles efectos a medio y largo plazo.

Es inquietante la impunidad que se les ha dado a los fabricantes de estas sustancias, sobre todo cuando es bien sabido que estas empresas tienen un largo historial de condenas por secuelas provocadas por otros de sus medicamentos. Nuestro gobierno ha eximido a estos fabricantes de la responsabilidad de los posibles efectos secundarios. A modo de ejemplo ¿Viajarías con tu familia en un avión en fase de pruebas que no ha pasado los controles de seguridad y que además el fabricante no se hace responsable de las consecuencias a causa de un accidente? ¿Cómo es posible que nos preocupemos por la calidad y seguridad de los productos que consumimos, y sin embargo, en este caso, no nos preocupamos por una sustancia experimental que se inyecta directamente en nuestro cuerpo y el de nuestros hijos? Además, hay una amplia comunidad de prestigiosos científicos, médicos y biólogos que cuestionan la eficacia y seguridad de este medicamento y a los que no se les está dando voz en los medios. Por todo esto, tenemos una gran desconfianza de este producto.

Vemos con preocupación esta tendencia a vulnerar los derechos fundamentales como la libertad de movimiento (pasaporte covid), de reunión (límite de aforo), y ahora de decidir sobre nuestro propio cuerpo (vacunación obligatoria). No olvidemos que los derechos fundamentales están recogidos en los derechos humanos y en la declaración de Helsinki, a los que se adscribe la constitución española y que ampara el derecho a negarse a recibir un tratamiento médico. Abolir estos derechos por el bien común nos acerca a países como China, donde el estado puede eliminar los derechos de cualquier minoría a su antojo. Además, no tenemos ninguna garantía de que nuestros derechos se vayan a restablecer una vez superada esta pandemia. Ya se está anunciando que el pasaporte covid se va a instaurar permanentemente en Europa y la vacunación obligatoria cada 6 meses a tiempo indefinido.

Sin cuestionar la gravedad de la situación y las dramáticas consecuencias para miles de personas en España, nos entristece ver como los que desconfiamos de este medicamento y decidimos posponer la vacunación hasta que haya más información sobre su seguridad, estamos siendo criminalizados por la clase política y los medios de comunicación. Somos médicos, abogados, ingenieros y empresarios, somos vecinos, amigos y compañeros, somos padres, madres y hermanos y hermanas. A nosotros nos preocupa nuestra salud y la de nuestros seres queridos como al que más. De hecho, algunos de nosotros también hemos perdido seres queridos por culpa de esta pandemia. No caigamos en el discurso del odio que se está lanzando desde los que deberían velar por el bien de todos, incluso los que opinan diferente. No permitamos que nos dividan.

No queremos decir a nadie lo que tiene que pensar o hacer con su cuerpo, es más, nuestra reivindicación es precisamente conservar el derecho de todo el mundo a poder pensar, opinar y elegir la opción que crea más oportuna. Si vencemos esta pandemia excluyendo a una parte de la sociedad y renunciando a nuestros derechos fundamentales, entonces habremos fracasado como hombres y mujeres libres.