La ciudadanía y gobierno panameños ha vivido en carne propia lo que por estos lares constituye algo normal. Me refiero al hecho de que algunas empresas que optan a los diversos concursos para ejecutar obras de carácter público tengan por costumbre presentar ofertas muy por debajo del precio razonable que aseguraría su correcta ejecución. Este proceder, que ya ha adquirido su propia denominación administrativa (baja temeraria), está basado en la convicción de que, una vez adjudicada la obra, se pueda renegociar el montante económico de la misma aludiendo a supuestos imponderables sobrevenidos. Como decía, por aquí esto ya es una mala costumbre, que suele contar con la complicidad de las diversas administraciones, perfectamente conscientes de dónde está el límite entre el ahorro de dinero público y la correcta ejecución de un proyecto.

Repasemos lo que nos está costando el TAV con respecto a los presupuestos iniciales de los diversos trayectos ejecutados o en ejecución, o lo que nos costó en su día la A-15, por poner ejemplos de gran calado. Por desgracia, estos comportamientos se extienden a obras mucho más modestas (ayuntamientos, diputaciones, etc.,), con el mismo resultado. Si a a ello añadimos que, en la mayoría de las ocasiones, este irregular ‘ahorro’ se acaba obteniendo (sustrayendo) también de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, tendremos una clara idea de lo que como ‘marca España’ se está exportando al extranjero. Aunque, por lo que leo, me temo que esta vez se han equivocado y que en Panamá este tipo de proceder irregular tiene escaso recorrido. ¡Qué envidia!