Durante el verano y en las fiestas de ciudades y pueblos, triste y deplorablemente, aumentan las agresiones de todo tipo contra la mitad de la ciudadanía. Las mujeres se ven sometidas a todo tipo de inadmisibles injerencias en sus espacios personales y vitales. Agresiones verbales, visuales, físicas, psicológicas… se prodigan por calles, plazas, avenidas y bulevares. Todos ellos espacios públicos donde la seguridad, el respeto, la convivencia y la tolerancia debieran de estar absolutamente garantizados. Pero evidentemente esto no es así. La violencia de género es una lacra milenaria, enquistada y asentada en sociedades que, a priori, se les supone democráticas y modernas.

El número de agresiones sexuales, vejaciones psicológicas, mal trato de todo tipo y asesinatos que llegan a los medios de comunicación, a pesar de ser muchos, no representan estadísticamente a la inmensa ola de violencia que se ejerce sobre la mujer. Según los expertos y expertas constituyen la punta del iceberg. Por lo tanto y, sin lugar a dudas, estamos hablando de un problema muy grave, de hondas raíces atávicas, que ha de sufrir y padecer, en principio, la mitad de la población. Agredida, a priori, por la otra mitad.

Esta lacra social insoportable e inadmisible es de tales dimensiones que requiere de planteamientos, toma de decisiones, planes y soluciones a la altura de la gravedad, sufrimiento, alteraciones psicológicas y dependencias que genera. Así como la Organización de Naciones Unidas, a nivel supranacional, y las diferentes naciones organizaron y coordinaron planes inmensos contra el analfabetismo o la erradicación de determinadas enfermedades, igualmente este problema se ha de acometer desde diferentes ámbitos nacionales e internacionales, sin reparar en los gastos económicos que se requieran. Los ámbitos de actuación de esos planes deberían abarcar a la persona en su totalidad como ser social: educación, formación continua, controles psicológicos y detección precoz del agresor –en cualquiera de sus manifestaciones– rehabilitación social, fuera de los actuales sistemas carcelarios, análisis, reflexión y toma de decisiones sobre el papel que se le asigna a la imagen de la mujer en todos los ámbitos sociales y sobre todo en la publicidad, etc.

Si las constituciones de los países, o las llamadas cartas magnas, tienen como finalidad fundamental garantizar la integridad física y psicológica de la ciudadanía para que pueda ejercer el resto de sus derechos y deberes, malamente se va a conseguir ese objetivo prioritario, en el actual estatu quo. Si los ejércitos y los cuerpos y fuerzas de seguridad de esos estados, democráticos y modernos, tienen asignada y encomendada de manera prioritaria salvaguardar la integridad física de las personas y, al menos, en el ámbito que nos compete en este caso no lo han logrado; y esto es una evidencia axiomática; habrá que detraer partidas presupuestarias de esos dos estamentos citados para llevar a cabo el objetivo inexcusable de cualquier estado: defender la vida e integridad de las personas.