Tengo un hijo de diecinueve años. Se contagió de covid-19 en mayo y se recuperó completamente al cabo de una semana. No se ha vacunado porque, de forma consistente, numerosos estudios avalan que se encuentra al menos tan protegido frente a reinfecciones como cualquier persona que ha recibido las vacunas. En su caso particular, además, se han realizado varias determinaciones de anticuerpos antiproteína S que muestran niveles elevados de IgG, lo que confirma la presencia de inmunidad natural frente al virus. El día 15 de diciembre, el Gobierno Vasco estableció la obligatoriedad del pasaporte covid para el acceso a prácticamente todas las actividades realizadas en interiores. Desde entonces, no puede, por ejemplo, comer en la cafetería de la universidad o practicar baloncesto federado con su equipo a menos que presente un test de antígeno o PCR negativos o, por supuesto, se vacune. El informe médico en el que se detalla su estado de inmunización frente al coronavirus carece de valor con la normativa vigente.

Resulta inexplicable que una persona con inmunidad demostrada frente a la infección sea discriminada con respecto a la población vacunada. Más aún si tenemos en cuenta que vacunación no es sinónimo de inmunización efectiva al cien por cien. El riesgo de sufrir un efecto adverso grave como una miocarditis tras recibir la vacuna de Moderna o de Pfizer no es despreciable en un joven de su edad. Es decir, tiene que afrontar este peligro sin que le reporte beneficio alguno en cuanto a la posibilidad de infectarse o infectar, solo para poder recuperar una relativa normalidad en su vida.

A lo largo de estos últimos meses, el grupo de pacientes recuperados de la covid-19 ha desaparecido de las estadísticas, y siendo en su mayoría individuos con una inmunidad prolongada frente al virus, son equiparados a la población no vacunada y acusados, en caso de no inocularse unas dosis que no precisan, de antivacunas, negacionistas, terraplanistas y todas las descalificaciones que aparecen de forma habitual en los medios de comunicación. Esta situación no es sólo injusta, sino profundamente insolidaria e ineficiente, ya que las numerosas vacunas dedicadas a estas personas que no las necesitan no son administradas a población vulnerable, tanto en nuestro país como en otros con tasas de vacunación inferiores.

En el momento actual disponemos de suficientes medios e información científica para sustituir el término «vacunado» por el de «inmunizado». Este cambio de concepto favorecería una racionalización de las políticas de prevención de la covid-19.

Han pasado casi dos años desde que la pandemia sacudiera nuestras vidas, un tiempo suficiente para aprender de nuestros errores y pensar con cierta serenidad sobre cómo enfocar el futuro.