Leo la noticia referente al fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la operación urbanística en Illarra donde se frena la ejecución de más de doscientas viviendas con un porcentaje de ellas como Viviendas de Protección Oficial. «Tercer Revolcón Judicial» sentencia el artículo dónde la discusión se centra en la modificación del Plan General de Ordenación Urbanístico. El Consistorio no está contento, propuso acortar los procedimientos administrativos y ahora plantea que su modificación se retrasará año y medio. Vaya recorte si ahora deben tardar tanto, digo yo desde mi más absoluta ignorancia. No obstante, las obras están en marcha y ya hay pisos vendidos. Algo dijo la Asociación de Vecinos de Lugaritz-Aiete-Ibaeta al respecto y fue tenido en cuenta para el fallo judicial. La ley está para cumplirla de una parte o la otra. Así sucedió con la demolición del edificio situado en Miracruz 19 en el barrio de Gros y construido en 1888. En este caso el enfrentamiento fue entre la Plataforma Vecinal SOS Miracruz 19 y el Consistorio dónde el Tribunal Contencioso Administrativo de Donostia dio la razón al Ayuntamiento a muy pesar de los vecinos de este barrio donostiarra.


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