La impunidad alienta más violaciones de derechos

Según informó ayer la plataforma sanfermines 78 Gogoan, varias propietarias de viviendas de Iruñea han recibido notificaciones de la Delegación del Gobierno en las que se señala que las pancartas que exhiben en sus balcones denunciando la  represión de hace cuarenta años podrían ser constitutivas de un delito de «injurias al Estado». Son pancartas en denuncia de la muerte de Germán Rodríguez por disparos de la Policía, que rememoran lo sucedido y claman contra la impunidad en este caso. Todas las pancartas están firmadas por la plataforma. Sin embargo, algunas de estas personas han sido citadas a declarar en la comisaría de la Policía española la próxima semana.

Esta citación supone un ataque contra la libertad de expresión. Se trata de la primera medida tomada por el nuevo delegado del Gobierno, José Luis Arasti, nombrado en sustitución de Carmen Alba tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Es una medida incomprensible jurídicamente, torpe políticamente y éticamente cobarde. Entre otras cosas, porque es hiriente para las víctimas de aquella salvajada que tras cuatro décadas siguen sin conocer la verdad, sin que se haga justicia y sin la necesaria reparación por parte de ese Estado que fue el responsable de lo sucedido. Por si esto fuera poco, ahora se finge injuriado. La realidad es que murieron dos personas y hubo decenas de heridos por una represión injustificable.

Para colmo, tal y como denuncia la plataforma, el delito que les imputan es parte de la escalada punitiva desarrollada por el PP y resulta que el PSOE votó en contra de incluirlo en el Código Penal. En todo caso, no es algo nuevo, sigue un patrón reconocible: la impunidad de los crímenes del Estado deviene en más represión y nuevas censuras, basadas en que, como dice el ministro Grande Marlasca, no existe «verdad judicial». Pasa lo mismo con las torturas o la guerra sucia. Sin embargo, denunciar la impunidad es de justicia; perseguir esa denuncia, no.

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