Ambición para derogar la ley de 2/2012 de Montoro
13/08/2020

El pacto firmado entre el Ministerio de Hacienda español y la Federación Española de Municipios y Provincias por el que los ayuntamientos con superávit que así lo decidieran pudieran ceder sus remanentes al Gobierno, que se los reintegraría a plazos, pero de tal modo que sí los pudieran gastar, sigue concitando un fuerte rechazo. Tanto es así que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el Ejecutivo está abierto a negociar un nuevo acuerdo.

En Euskal Herria fue la Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) la que situó el debate en sus justos términos al pedir la derogación de la ley de 2/2012 de Cristobal Montoro que es la norma que imposibilita a las entidades locales una gestión autónoma de sus recursos. La gran cantidad de limitaciones y cortapisas que contempla esa ley provocan que los ayuntamientos no puedan invertir sus remanentes y estén obligados a ahorrar en una situación de absoluta necesidad. El PNV, sin embargo, a través de las declaraciones del alcalde de Donostia, Eneko Goia, volvió a esconder el carácter básico y de obligado cumplimiento de esa norma española y volvió a hablar de la «especificidad» vasca. Un discurso que ha repetido desde el primer día y que apunta a que prepara algún tipo de cambalache con el Ejecutivo de Sánchez. Posiblemente busque un acuerdo que le permita seguir presumiendo de especificidad mientras los ayuntamientos siguen obligados a cumplir una norma demencial, que fue pensada, básicamente, para financiar al Gobierno de Madrid a costa del resto de instituciones.

Que las corporaciones locales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tengan un régimen algo más laxo se debe a una norma foral que impulsó EH Bildu y que permitió ampliar algo los estrechos límites de la ley. Superado aquel primer golpe, tal vez sea el momento de actuar con ambición y sacudirse tutelas innecesarias. Derogar la ley de estabilidad presupuestaria sería un gran paso.