El Ministerio de Hacienda anunció ayer por la mañana que se suspendían todas las reglas fiscales que comprimen los presupuestos de las administraciones públicas del Estado. La decisión fue acordada con Bruselas después de que la Comisión Europea dejara sin efecto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para este año y el siguiente. El acuerdo se conoció justo antes de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto con lo que el principal contenido del encuentro –fijar el límite de déficit para este año y el siguiente– perdía toda su importancia. A pesar de la falta de contenido, los responsables de Lakua y las diputaciones se las ingeniaron para valorar como un gran avance que el déficit correspondiente a la CAV se repartiera por primera vez entre el Gobierno y las diputaciones forales.

El acuerdo de Bruselas de dejar sin efecto las reglas fiscales es una decisión lógica en una situación excepcional. En una coyuntura llena de incertidumbres no es muy inteligente empeñarse en que se cumpla el Pacto de Estabilidad cuando cualquier previsión de ingresos que se haga ahora puede verse desautorizada por el devenir de los acontecimientos, antes incluso de que se aprueben los presupuestos a los que da forma. No obstante, conviene no olvidar que es una decisión temporal y que una vez estabilizada la situación sanitaria volverán a retomar todo el aparato político organizado para recortar el gasto público, especialmente la inversión social. Y lo harán, además, con unos registros de déficit y deuda pública descomunales, con lo que las medidas de ajuste que exigirán pueden terminar llevando a la picota los restos del estado de bienestar.

En esta tesitura, es importante aprovechar el escaso margen que han dejado para invertir con una visión a largo plazo que tenga como objetivo a las personas. Esto significa fundamentalmente invertir en servicios esenciales que además de crear puestos de trabajo mejoran los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.