Contundente fallo que exige rectificaciones
12/10/2018

La sentencia del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) por la demanda interpuesta por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) contra sus anteriores responsable, Ainhoa Intxaurrandieta y el diputado Iñaki Errazkin, por haber rescindido el contrato para la construcción de la incineradora es muy contundente. No da en ningún punto la razón a los demandantes y además condena a GHK al pago de las costas procesales.

La sentencia da por probado que el proyecto era más grande de lo necesario, y que su puesta en marcha hubiera generado sobrecostes a las mancomunidades. Considera asimismo que la paralización e indemnización fueron correctas y en todo caso la culpa sería de los contratantes de una infraestructura que estaba sobrdimensionada desde el principio. De momento deja dos consecuencias. La primera es que Bildu no solo cumplió el programa electoral sino que además lo hizo de acuerdo con la ley y minimizando los costes para las arcas públicas: una gestión transparente y honesta. Y la segunda es que este fallo ha convertido a los acusadores en acusados que ahora deberían dar explicaciones de la desastrosa gestión de la incineradora, rectificar y proponer soluciones. De momento, el Consorcio –gobernado por PNV y PSE– no han mostrado ninguna intención de rectificar y se han aferrado a la línea seguida hasta ahora de perseguir judicialmente a Bildu.

Para valorar en sus justos términos la sentencia conviene recordar que los tribunales de cuentas son órganos de fiscalización de la administración pública altamente politizados. Así, si la firmante de esta sentencia fue ministra de Justicia con Aznar, las presuntas irregularidades fueron detectadas y evaluadas –lo subrayó ayer el diputado de Medio Ambiente Jose Ignacio Asensio– por el Tribunal Vasco de Cuentas, cuyo actual presidente es el ex diputado general de Bizkaia durante doce años y militante del PNV Jose Luis Bilbao. La misma mano acusadora en todas partes y un proceso que solo busca dejar claro quién manda.

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