Faltan los resultados definitivos, pero la victoria de Lucho Arce, candidato del MAS –el partido del depuesto Evo Morales–, parece fuera de toda duda. EEUU ha felicitado ya al virtual vencedor y la presidenta golpista, Jeanine Áñez, aceptó formalmente la derrota de una derecha boliviana que, si se hacen buenos los sondeos a pie de urna, ni siquiera concurriendo unida hubiese podido parar los pies a la izquierda, que habría obtenido más del 50% de los votos. Habrá que esperar la confirmación oficial.

Esta victoria debería poner fin a un año negro para Bolivia, donde un golpe de estado llevó al exilio argentino a Evo Morales. Las cosas van muy rápido y la pandemia añade toneladas de tiempo y distancia a hechos que ocurrieron anteayer, por lo que conviene recordarlo: Evo Morales se vio obligado a tomar un vuelo rumbo a México el 12 de noviembre de 2019, después de que el Ejército y la Policía se alineasen con unas protestas que arrancaron con la acusación de fraude en las elecciones del 20 de octubre, pero que no tuvieron suficiente con que Morales ofreciese repetir los comicios. La agenda era otra y se desveló con la autoproclamación como presidenta interina de Áñez, que juró el cargo asegurando que «la Biblia vuelve a Palacio». El golpe fue bendecido internacionalmente, también por una UE cuyo Parlamento se negó a hablar de golpe de estado con los votos, mirando a casa, de PNV, PP, Ciudadanos y Vox, y la abstención de la mayoría del PSOE.

Los resultados de las elecciones eliminan el argumento democrático de los discursos contra Morales y el MAS, lo que debería zanjar cualquier debate sobre la legitimidad del nuevo Gobierno. Esto sería así, desde luego, si la democracia fuese algo más que una muleta instrumental y desechable para quienes siguen considerando un intrusismo intolerable el gobierno de un partido progresista con un potente componente indígena. Todavía esta por ver, sin embargo, que así vaya a suceder.