Transcurridas las primeras horas tras la firma del primer acuerdo mundial contra el cambio climático en el marco de la COP21, llega el momento de las valoraciones, que oscilan entre la importancia de lo que supone un primer paso en positivo y la cautela por lo mucho que todavía queda por hacer frente al cambio climático. Ciertamente, las bajas expectativas generadas tras el fracaso de la cumbre de Copenhague en 2009 han hecho que el acuerdo haya sido recibido con mucho optimismo. En resumen, las medidas comprometidas hacia una economía baja en carbono lograrían que la temperatura no suba más allá de 1,5 grados respecto a la era preindustrial, evitando los efectos más catastróficos. Pero siempre, claro está, que se cumplan.

Una de las principales claves del acuerdo adoptado por 195 países reside en las revisiones periódicas que los estados deberán hacer cada cinco años, lo que lo dota de transparencia y marca una tendencia para que se siga trabajando en esta línea y reforzando el papel de cada Estado. Sin embargo, aunque el acuerdo es legalmente vinculante en su conjunto, no lo es en buena parte de su desarrollo ni en los objetivos estatales de reducción de emisiones. Ello implica que los países que los incumplan no serán sancionados, lo que abre importantes interrogantes visto lo ocurrido hasta ahora. Junto a ello, uno de los puntos que más preocupación ha generado es el referente a la financiación, especialmente clave en lo que afecta a los países más empobrecidos y más vulnerables al cambio climático.

El éxito de este primer paso residirá en que esos compromisos se trasladen a la práctica. Sin perder el horizonte final pero actuando sin vacíos temporales ni geográficos, serán imprescindibles calendarios muy concretos, marcajes exhaustivos y voluntades inquebrantables. Desviarse un milímetro de estos acuerdos resultará tan letal como pueda serlo la elevación de la temperatura en una décima. Lo que está en juego no es poco; es todo.