El Día Internacional de los Derechos Humanos dejó en Euskal Herria, y más concretamente en torno al Parlamento de Gasteiz, dos caras diferentes. Una positiva y otra negativa, una dentro y otra fuera. La positiva es la superación de la violencia de ETA, definitivamente pasada, como debería ocurrir igualmente con la guerra sucia estatal. A cerrar en lo posible las heridas producidas por ambas partes, algo que requiere tiempo y cuidado exquisito, han contribuido iniciativas como la de Glencree, homenajeada por Lakua con el Premio René Cassin.

Sin embargo, el lema de «todos los derechos para todas las personas» sigue siendo un reto pendiente en muchos terrenos. Y en lo que se refiere al conflicto, tiene como máxima expresión la situación de los presos y presas vascas, que se denunció durante la jornada de ayer mediante cadenas humanas. Presos y presas que se encuentran a cientos de kilómetros de sus hogares. En concreto, un 42% está encarcelado a más de 800 kilómetros de sus seres queridos. Una distancia cruel donde las haya que cientos de familiares se dispondrán a recorrer a partir de mañana, como cada fin de semana, con el riesgo que ello supone, llueva, hiele o nieve.

Solo la superación definitiva de todas las vulneraciones de derechos permitirá realmente hablar de que se abre definitivamente el futuro en este país. 2014 tampoco ha sido el año, este 10-D tampoco ha sido el del año en que la violencia del conflicto ha desaparecido por completo. Y mientras eso no ocurra, a instituciones como Lakua toca pedirles que trabajen contra los atropellos y no se limiten a levantar acta de los avances producidos. El reconocimiento a esas 43 personas por su labor en la superación de los muros levantados y su aportación a la convivencia es, por supuesto, positivo. Pero lo realmente urgente es poner fin al sufrimiento que todavía padecen esas miles de personas presas de la política de dispersión. Cuestión de humanidad, de justicia, de derechos humanos puros y duros.