Según señalan todos los expertos, la innovación es un elemento central para la reactivación económica en nuestro entorno, dado que nuestra economía no puede competir en precios y que sin esa innovación incluso los mercados que ahora parecen viables a medio plazo entrarán en decadencia y en crisis. No cabe duda de que las instituciones deben invertir dinero en proyectos que tengan un valor añadido, que abran nuevos mercados, que supongan avances tecnológicos y que tengan un potencial desarrollo industrial que sirva para generar empleo.

Evidentemente, esto no es sencillo. La innovación supone arriesgar y nadie puede garantizar resultados. Pero nada de esto exime a las instituciones de la necesidad de ejercer el control de esas ayudas públicas, de gestionarlas de manera transparente, de establecer objetivos y mecanismos para corregir errores. En definitiva, no las exime de responsabilidad. Y, dado que los proyectos Epsilon e Hiriko han supuesto sendos fiascos que en total han tirado por el sumidero 60 millones de euros de ayudas públicas, es evidente que esa responsabilidad existe y se debe aclarar.

La comisión de investigación desarrollada en el Parlamento de Gasteiz sobre las ayudas recibidas por estos proyectos ha determinado, con el único voto en contra del PNV, que las personas que participaron en el undécimo Consejo Vasco de Promoción Económica tienen responsabilidad política en esos proyectos fallidos. En 2007 los consideraron «estratégicos» y facilitaron que se les inyectase ingentes cantidades de dinero público que ha sido malgastado. Entre esas responsables se encuentran la actual consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, y la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, que entonces ostentaban otros puestos. La postura del PNV muestra una incapacidad manifiesta para asumir su papel en ambos proyectos. Si de verdad quieren innovar en este ámbito, deberían dar explicaciones y asumir su responsabilidad.