Si el objetivo es retrasar la velocidad de contagio del coronavirus, aplanar la curva, poner a salvo a los grupos de riesgo, y lograr así que el sistema de salud no colapse –o que su colapso provoque los menos daños posibles–, es necesario desplegar todas las partes de esta estrategia. Hay que establecer prioridades en todos los ámbitos. Y el ámbito sanitario es, por supuesto, totalmente prioritario.

Están las prioridades médicas, que se concentran en hacer test, test y más test. El problema ahora es que vienen de Madrid y llegan tarde. No hay duda de que hay que extremar la seguridad, con EPIs y medidas en todos los puestos de trabajo, especialmente allí donde hay una sobreexposición al coronavirus. Hay que reducir el riesgo, evitando lo que no sea urgente y necesario. Esta doctrina, que se está aplicando en Sanidad, por lógica tiene que tener traslación a la vida socioeconómica. Por otro lado, la aplicación informática se ha retrasado. Su implementación va mucho más allá de lo tecnológico, por lo que habrá que hacer pedagogía al respecto. Asimismo, fuera del ámbito hospitalario, no se pueden relajar el distanciamiento y el confinamiento. En el ámbito de la comunicación, mejorar la transparencia sería muy positivo, porque acrecentaría la confianza en el sistema y en sus responsables.

A la vez que se implementan estas y otras medidas de contención, es importante inventar y desarrollar otras destinadas a mejorar y ampliar recursos, para dificultar el colapso. Ahí se sitúa la construcción y apertura de nuevos espacios con camas hospitalarias o la ampliación de las UCI. Todo lo que se está haciendo en este terreno es muy positivo. Aun así, habrá que recordar que costará recuperar ese 10% de camas que se ha perdido en una década por los recortes y la austeridad. Y que a eso acompañó una privatización que ahora pesa y hay que revertir. Hay que tomar el control público de esos recursos y ponerlos al servicio de la salud pública. No hacerlo sí que sería alarmante.