Educación se adapta a los cambios estructurales

El Departamento de Educación de Lakua anunció ayer que ha puesto en marcha seis procesos de integración de centros escolares en Bizkaia. La fusión de centros finalizará con el cierre de cuatro colegios públicos: dos en Bilbo, uno en Getxo y otro en Leioa. Se trata de centros pequeños, algunos con aulas en las que únicamente hay tres escolares, y otros con menos de 60 alumnos en total. Desde el Departamento señalaron que se han iniciado procesos similares en Araba y Gipuzkoa, aunque no se prevé el cierre de instalaciones. Se trata, por lo tanto, de una reorganización general de los recursos educativos. 

La decisión del Departamento, tanto desde el punto de vista material como desde la perspectiva educativa, es lógica. Integrar centros con pocos alumnos en otros colegios más grandes permite reubicar recursos y fortalecer los centros más potentes, especialmente en los grandes núcleos urbanos, donde el impacto del cierre de algún centro es relativamente pequeño. La consejera de educación, Begoña Pedrosa, apuntó también que así se corregían desequilibrios en la «composición socioeconómica» del alumnado, y que la integración contribuiría a reducir la segregación, dando a entender que la situación de los centros que se cierran era ya bastante precaria. Los cambios siempre generan ciertas reservas y algunas familias del colegio Larrañazubi de Getxo criticaron el cierre. Se da la particularidad de que este centro es uno de los pocos que todavía mantiene el modelo A, lo que, quizás, también explique su escasa aceptación. A ello hay que sumar los cambios demográficos y sociales: desde 2020 hay 13.000 alumnos menos en educación infantil y primaria. Una realidad a la que también se están adaptando los colegios concertados. En Donostia, por ejemplo, tres colegios –Jesuitinas, Larramendi y Santa Teresa– optaron por la fusión y crearon Elai. 

La caída de la natalidad y la llegada de migrantes –las matrículas fuera del plazo ordinario se han multiplicado por tres en cuatro años– representan cambios estructurales a los que tendrá que dar respuesta el sistema educativo público, que es el principal garante de la equidad en la enseñanza.

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