La detención de la joven Jone Amezaga el 15 de diciembre de 2014 en el mercado de Gernika se llevó a cabo tras una fuerte carga policial que acabó con varios heridos, entre ellos una mujer de 94 años que denunció a la Ertzaintza. Fue admitido a trámite y ahora el juzgado ha llamado a declarar a 29 agentes que participaron en el dispositivo en calidad de investigados. De la violencia de la carga dan testimonio las declaraciones de la mujer herida, Julia Lanas, que declaró a GARA que «estaban dando a diestro y siniestro» e «iban como locos».

No es la primera vez que la Ertzaintza se ve envuelta en una investigación judicial por actuaciones violentas; todavía está por esclarecerse el operativo que acabó con la vida de Iñigo Cabacas, como hecho gravísimo que se produjo con el anterior Gobierno pero no ha sido afrontado como debía por el actual. Tampoco es novedad que as actuaciones contra los muros populares pacíficos no hayan guardado una mínima proporcionalidad; ahí está el caso de Donostia, con una sentencia que confirma que un agente mintió para tratar de inculpar a una joven participante. Bien es cierto que las actuaciones violentas de la Policía autónoma se han reducido considerablemente tras 2011, pero no es menos cierto que ello ha tenido más que ver con un contexto menos tenso. En sus actuaciones ha mostrado métodos análogos e identicas actitudes, los mismos esquemas de siempre. Su actuaciones no se dirigen a salvaguardar la convivencia, los derechos y la seguridad, sino que tienden a la represión y la asunción acrítica del papel de brazo ejecutor de decisiones ajenas e injustas.

Un cambio de modelo policial sigue siendo urgente por tanto, pero exige una voluntad política que los actuales responsables ni han manifestado cuando ha habido sentencias contra la Ertzaintza ni han mostrado con hechos cuando se trataba de investigar alguna actuación. Porque no parece tan difícil reconocer que agredir a una mujer de 94 años también está mal.