Ayer se celebró la cumbre de la OTAN de 2025 en La Haya, ciudad natal del nuevo secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que volvió a señalar que el camino de Ucrania a la OTAN es «irreversible», aunque esa palabra no aparezca en el documento final. La reunión estuvo marcada por la ausencia del nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y del primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba. Ambos adujeron el bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes para cancelar su presencia. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, tampoco asistió por segundo año consecutivo, con lo que los países europeos aparecen como los únicos aliados de Donald Trump en la actual escalada militar.

El principal punto del orden del día era la decisión de aumentar el gasto militar del 2% del PIB hasta el 5%. A juzgar por las declaraciones de Rutte, la oposición del Gobierno español y las reticencias belgas y canadienses a ese aumento parecen haberse traducido en permitir cierta flexibilidad en ese camino. El 3,5% irá destinado a gasto militar estricto y el 1,5% a programas e infraestructuras de doble uso civil y militar. Un primer paso hacia la militarización total de la economía que se complementa con la decisión de incluir a «proveedores no tradicionales» en la industria militar y la voluntad de la Unión Europea de acelerar los procedimientos para el rearme, con la Alemania de Friedrich Merz como principal abanderada de la militarización, como si la historia no hubiera enseñado que producir armas termina siempre en una nueva guerra que vacía las existencias y da impulso al negocio militar. Ese descomunal gasto, además de desproporcionado e innecesario, ataca frontalmente el estado de bienestar. Los bienes públicos y los servicios sociales serán los primeros afectados por la falta de medios, y con ellos los derechos de las personas con menos recursos y más vulnerables.

La OTAN se prepara para una lucha en dos frentes: en el exterior busca afianzar militarmente su proyecto de dominación; y en el interior pretende acabar con los derechos de la clase trabajadora y jibarizar el estado de bienestar.