La decisión unilateral del consejero de Educación de Nafarroa, Carlos Gimeno, de reducir catorce aulas de la educación concertada para el curso que viene –algunas de ellas correspondientes a la red de Ikastolas– va camino de generar problemas serios al Ejecutivo de María Chivite. Una proposición de Ley de UPN para blindar los centros concertados, que Geroa Bai podría validar, llegará al pleno el 14 de mayo. Es decir, el Gobierno tiene una semana para reconducir la situación y evitar que la sangre llegue al río.

El consejero dio marcha atrás en la decisión de recortar aulas en la red pública, pero la ha mantenido en la concertada, alegando un descenso del alumnado y razones de eficiencia económica. Sin embargo, aquí hay un problema de enfoque de inicio. Equiparar un colegio católico elitista de Iruñea con la ikastola Ibaialde de Lodosa, creada con el empuje popular para ofrecer una educación en euskara que la administración no oferta por una ley que el PSN no quiere tocar, no tiene un pase. Las ikastolas, que ayer volvieron a salir a la calle a reivindicarse, cumplen un rol fundamental en la Nafarroa lingüísticamente zonificada. No tenerlo en cuenta no es una opción.

Al mismo tiempo, la iniciativa legal de UPN, que abre la puerta a que la concertada pueda ofrecer ratios menores que la pública a costa del erario público, no es la solución. La educación pública debe fortalecerse y privilegiarse desde las administraciones públicas. Como principio, es una de las herramientas más importantes para poner coto a una desigualdad creciente. Como realidad, afronta en general contextos socioeconómicos mucho más complejos.

Gimeno tiene todavía la opción de salir de este marco tóxico de confrontación de modelos. Lo hará si escucha a la comunidad educativa, que le pide bajar las ratios al margen del carácter de la red. De lo contrario, si la propuesta de UPN sale adelante, la tozudez de un consejero capaz de poner de acuerdo a EH Bildu, Geroa Bai y UPN, puede acabar provocando graves problemas en la matriculación del año que viene, nuevas brechas entre la educación pública y la concertada, y un agujero notable en la gobernabilidad del herrialde.