En 1940, el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas condenó al alcalde republicano de Artaxoa, Javier Domezain, a una multa de 300.000 pesetas y a una inhabilitación de 15 años por «mantener activa la política de Azaña». Ayer, el Tribunal Supremo denegó a su sobrina nieta la legitimidad para reclamar la revisión de las condenas franquistas. Lejos de entrar en el fondo de la cuestión, la Justicia ni siquiera admitió la demanda de la familiar.

Un cuarto de siglo más tarde de la condena a Domezain, en 1964, el entonces secretario de Estado y luego ministro franquista de Información y Turismo, Pío Cabanillas (padre del que fue ministro portavoz con José María Aznar) pidió al Concejo de Barindano la venta de dos terrenos comunales de 5.000 metros cuadrados para edificación. Dicho y hecho. El que después también sería ministro de Justicia con Adolfo Suárez los compró al irrisorio precio de 10.000 pesetas, una peseta por metro cuadrado. Ahora el Consistorio de Barindano reclama la mediación del Parlamento navarro para recuperar los terrenos comunales.

Ambos casos, conocidos ayer, muestran de forma palmaria la larga sombra del expolio franquista en Nafarroa, del que día a día conocemos más detalles gracias a importantes trabajos de investigación y divulgación –casi siempre a cargo de voluntarios autodidactas– que, sin duda, han ayudado a formar la ola del cambio en el herrialde. El caso de Cabanillas rompe además el relato que circunscribe el expolio a los años de la guerra y muestra con crudeza la naturaleza de un régimen que hizo y deshizo a su antojo durante 40 años para dejar luego todo atado y bien atado, empezando por el Poder Judicial, cuya desidia en estos casos clama al cielo. A las instituciones del cambio corresponde valorar hasta qué punto y cómo pueden repararse estas situaciones. Para quienes practicaron aquel expolio y se han beneficiado hasta hoy, la pérdida del poder en Nafarroa es la peor noticia y un modo de justicia histórica.