El Gobierno español aprobó el martes el real decreto que regula las compensaciones a las víctimas del amianto, lo que desbloqueará por fin el fondo que EH Bildu pactó hace ya tres años con el PSOE y Unidas Podemos, entonces en el Ejecutivo. Según el texto publicado ayer en el BOE, el decreto entrará en vigor el próximo 18 de septiembre, momento en el cual podrán empezarse a tramitar las compensaciones para las víctimas que tengan un reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente derivada de las patologías ocasionadas por la exposición al amianto. En el caso del resto de supuestos recogidos en el decreto, las tramitaciones dependerán de los presupuestos generales de los próximos años.

Las compensaciones dejan, por lo tanto, algunas interrogantes abiertas, las cuales se suman a la inexplicable dilación en el desarrollo del reglamento. Tres años desde la aprobación del fondo hasta su puesta en marcha son un tiempo precioso perdido para dar respuesta a un colectivo doblemente castigado, por la enfermedad laboral, primero, y por la desidia institucional, después. Para muchos, como hizo ver la diputada Mertxe Aizpurua a Pedro Sánchez en marzo, el decreto llega demasiado tarde. Cabe recordar que ha pasado prácticamente una década desde que un fondo de estas características fuera planteado. Sigue costando horrores poner en el primer plano el derecho a la salud de los y las trabajadoras.

Pero sin quitar gravedad a la indebida dilación, la aprobación es una gran noticia para las personas envenenadas durante años con este material. El fondo permitirá compensar de forma directa y más ágil a las víctimas, independientemente del tamaño de la empresa en la que trabajaban, o de si existe en la actualidad o no. Debería facilitar también el acceso a la indemnización a las mujeres que se contaminaron por lavar la ropa de trabajo de sus cónyuges. La puesta en marcha de este fondo demuestra la importancia de tener mayorías parlamentarias que se preocupen de mejorar la vida de la gente, así como la relevancia de traer esa preocupación a la primera línea de las prioridades gubernamentales.