Este verano los incendios forestales están asolando la península ibérica. Ya se han quemado más de 275.000 hectáreas en Portugal y cerca de 350.000 en solo quince días en el Estado español. El fuego ha afectado además a pueblos e infraestructuras. Siete personas que trabajaban en las labores de extinción han muerto, de modo que a las pérdidas económicas y medioambientales hay que sumar también la pérdida irreparable de vidas humanas.

Como todas las catástrofes, los incendios también han provocado un vivo debate en el Estado español, más centrado en evitar responsabilidades que en sacar algunas lecciones de lo ocurrido. En todo caso, hay un consenso general en que el cambio climático y el abandono rural generan condiciones propicias para que los incendios alcancen proporciones devastadoras. Las altas temperaturas favorecen las llamas y la ausencia de gestión del bosque, sin pastoreo, sin sacas de madera ni lotes de leña, dejan una gran cantidad de materia orgánica que, en caso de incendio, se convierte en combustible. 

El tercer elemento sobre el que hay consenso es la falta de efectivos que, en gran medida, es consecuencia de las políticas de austeridad impulsadas desde Europa. Los medios de prevención suelen ser uno de los primeros capítulos del presupuesto que se reduce. Con la crítica a la austeridad se tiende a olvidar el efecto devastador que tiene en las cuentas públicas la bajada de impuestos, especialmente a las personas más ricas.

A corto plazo difícilmente se va a revertir el calentamiento global y el abandono rural, por lo que la gestión de los montes va a resultar fundamental para evitar catástrofes como la de este verano. Y eso significa reforzar los servicios públicos, esto es, priorizar la prevención, asignar recursos y trabajar todo el año en la conservación de los montes.