El Ministerio de Vivienda español confirmó ayer, por un lado, que Nafarroa ha facilitado los datos necesarios para la elaboración de los precios de referencia para el alquiler en las zonas tensionadas y, por otro, que no ha recibido esta información por parte de las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En este último herrialde, por ejemplo, las Juntas Generales lo solicitaron el 8 de mayo del año pasado. Ese índice de referencia para el alquiler en una zona tensionada es importante porque, según la experiencia catalana, es uno de los instrumentos más eficaces de la Ley de Vivienda estatal. Este indicador fija un tope de precio en las zonas tensionadas basándose en alquileres de pisos similares, teniendo en cuenta las características de las viviendas y mirando si los arrendadores son grandes tenedores de pisos.

Tras adaptar los datos y una vez el Ministerio haga público el índice, Nafarroa espera que este pueda aplicarse para finales de marzo en los 21 municipios declarados como zona tensionada, donde vive el 68% de la población del herrialde. Por contraste, en la CAV solo Errenteria ha logrado por ahora esa calificación. Es de esperar que otros 15 municipios guipuzcoanos, incluida la mayor parte de Donostia, junto a Bilbo, Gasteiz y Basauri, logren cuanto antes esa calificación. Al ser declarada Errenteria oficialmente zona tensionada, la alcaldesa de esa localidad, Aizpea Otaegi (EH Bildu), y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (PSE), subrayaron que sin el índice esa declaración queda totalmente coja.

Hay que recordar que el PNV votó en contra de la Ley de Vivienda estatal y que su parte del Gobierno Urkullu la recurrió al Tribunal Constitucional español, sin el apoyo de sus socios del PSE. Está pendiente que el TC dicte sentencia, aunque ante otros recursos ya ha establecido la legalidad de las zonas tensionadas. El PNV denunciaba invasión competencial, pero previamente se había opuesto a la Ley de Vivienda de la CAV. Sus intereses en este terreno están claros, pero eso no debería ser excusa para no cumplir con su trabajo y retrasar más la entrega de los datos necesarios para fijar esos índices. Es importante para gestionar el problema de la vivienda.