Ayer intervino Iñigo Urkullu en el pleno del Parlamento para responder a sendas preguntas de PP y EH Bildu sobre la reforma fiscal. Con su contestación el lehendakari buscó no defraudar a nadie. Así, descartó aumentar la presión fiscal a las clases medias y bajas y, por otro lado, apuntó que no se puede subir el impuesto sobre sociedades para no perjudicar la «competitividad» de las empresas. Por último, abogó por la discreción y el consenso.

De la respuesta del lehendakari se deduce que la reforma fiscal se va a limitar a meros retoques aderezados con algunas medidas contra la elusión y el fraude fiscal. Antes incluso de empezar el debate sobre los objetivos ya han ganado la partida las diputaciones y la patronal. Unos empresarios que muestran su absoluta falta de compromiso con la sociedad y el desprecio por el bienestar común del que, por otra parte, también se benefician. Tanto cargan las tintas que hasta la Federación de Cooperativas rebatió ayer sus argumentos. Y a pesar de lo que diga Urkullu, sí va a haber perdedores, que serán precisamente las clases medias y bajas. Perderán del mismo modo que el grupo pierde cuando alguien no aporta al bote común, porque hace  ya tiempo que los empresarios dejaron de poner su parte. Pero, además, las clases medias y bajas resultan perjudicadas porque están sufriendo hoy el deterioro de unos servicios públicos y prestaciones sociales en franco deterioro. La huelga en la enseñanza y los apoyos recibidos son un claro ejemplo del déficit que acumula el sector público.

Apelando a la discreción y el consenso no se puede encubrir un verdadero debate público sobre los objetivos de la reforma y los medios a emplear para lograrlos: cuánto  más se necesita recaudar, cómo se va a distribuir la carga, qué figuras tributarias se van a modificar, etc. Ni una palabra se ha dicho hasta ahora. Y ese es verdaderamente el debate necesario porque en él se perfila el tipo de sociedad que queremos construir.