El jueves pasado, PNV, PSE, PP y UPyD unieron sus votos en el Parlamento para rechazar que se pida una moratoria en el TAV mientras se investiga un presunto caso de corrupción en el que está implicada Corsán-Corviam, firma adjudicataria de varios tramos de la «Y vasca». Es posible que estos partidos pensaran que si la alta siniestralidad, la falta de conexión tanto al norte como hacia el sur o episodios esperpénticos como el del viaducto de Arrigorriaga no han sido suficientes para repensar el proyecto, tampoco lo iban a parar unas irregularidades.

Lo que ocurre es que los escándalos en torno a estas obras no paran de sucederse, y a sus promotores cada vez les exige más esfuerzo aparentar que su obcecación por seguir adelante responde a una particular concepción del interés social. El último episodio de este disparate ocurrió a finales de mayo en Zumarraga, en el interior del túnel más largo que se proyecta construir en la infraestructura, donde se produjo un derrumbe de 28 metros que a punto estuvo de causar una tragedia, pues varios trabajadores se hallaban a escasos metros de allí. Se trata de un incidente que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias y que podría haber quedado en un susto, si no fuera porque también ha permitido que afloren algunos datos inquietantes, como el hecho de que al haberse paralizado los trabajos en uno de los dos tramos del túnel por desacuerdos en el precio de ejecución, a la UTE responsable del otro tramo, cuya tarea había finalizado, se le encargó que siguiera excavando en el terreno adjudicado legalmente a la primera. Esto constituye una irregularidad, pues Lakua no habría rescindido la adjudicación inicial.

Más allá del mantra de que es «estratégico», nadie ha argumentado por qué se sigue adelante contra viento y marea con un proyecto que es una caja de sorpresas desagradables. El TAV es, en su conjunto, un túnel oscuro que se va desmoronando, a pesar de los millones utilizados para apuntalarlo en contra de toda lógica.