El 26 de mayo se cumplirán dos años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aprobada en las Cortes de Madrid y todavía no está operativo el índice de precios de alquiler que sirve para poner un tope a los alquileres en las zonas tensionadas. El Gobierno de Nafarroa ya envió los datos y el Ministerio ha calculado la referencia que se puede consultar en su web y estará operativa a partir de julio. En febrero, la CAV todavía no había enviado los datos requeridos, por lo que se desconoce cuándo puede estar calculado. Tal vez Lakua espera a que los tribunales resuelvan el recurso que interpuso. Mientras tanto los precios no dejan de crecer.

Con el índice calculado y listo para ser operativo, ya ha comenzado la picaresca en Nafarroa para evitar que el tope a los alquileres tenga efecto, tal y como se desprende de la entrevista a la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Nafarroa, Begoña Alfaro, que hoy publica GARA. Para estos impactos indeseados, Alfaro apuesta por regular aquellos aspectos en los que Nafarroa tiene competencias. Enfatiza, asimismo, la importancia de la actividad inspectora, que de momento cuenta con tres funcionarios, pero espera que pronto sean más. Sorprende que en un país con los mayores ratios de policía por habitante haya tan pocos inspectores, ya sea en el ámbito laboral, en hacienda o para fiscalizar el alquiler de viviendas. Un desequilibrio que muestra claramente que el esfuerzo está en mantener el orden público y no en hacer cumplir la legislación económica y social, ya sea fiscal, laboral o en el ámbito de la vivienda.

En todo caso, el lento y complicado desarrollo de la Ley de Vivienda muestra en toda su crudeza las dificultades que hay que superar para que una norma progresista sea aplicada y tenga un efecto perceptible en las condiciones de vida de la gente. La ausencia de medios, los lobbies, las fisuras en la norma y la falta de voluntad política, patente en el caso del Gobierno de Lakua, conforman un entramado que no deja de poner trabas a cualquier intento de garantizar los derechos sociales. En este contexto, además de voluntad política, es muy necesaria la presión de los movimientos sociales.