Antes de entrar a ponderar la declaración realizada ayer por un relevante grupo de exmiembros del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas (EPPK), es importante mencionar algo que muchos parecen querer obviar: el fallo de Estrasburgo sobre la doctrina 197/2006 determina, entre otras cosas, que muchas de las personas que participaron ayer en el acto de Durango han sido víctimas –sí, víctimas– de una de las violaciones de derechos humanos más grave que puede cometer un estado, la privación ilegal de libertad. Legítimamente, las víctimas de la violencia de ETA no las consideran víctimas y, legítimamente también, como consecuencia de una decisión política consciente y coherente, ellas no se presentan a sí mismas como víctimas. Pero objetivamente lo son, y si se tiene un mínimo de honestidad intelectual no conviene olvidarlo cuando se quiere meter este elemento en el debate. La verdad es un valor central de la política y, sin embargo, a veces la verdad no lo es todo. Tampoco la verdad jurídica.

Del acto de ayer se puede reseñar, asimismo, que entre los presentes se encontraba, por ejemplo, Teresa Toda, periodista que ha cumplido íntegra una condena de seis años por ser subdirectora de un medio cerrado ilegalmente, “Egin”, condenada sin una sola prueba dentro del macrosumario 18/98. Muchas personas siguen hoy en día presas por esa aberración jurídica, producto de una excepcionalidad que mina ante Europa las credenciales democráticas del Estado español. Pese a ello, su Gobierno sigue promoviéndola. En este punto cabe decir que si los medios españoles querían una periodista como protagonista del acto de ayer no necesitaban montar show alguno, estaba presente. Ahora bien, es lógico que los medios no la mencionen, por tratarse de uno de los casos más lacerantes de eso que muchos denominan «mirar para otro lado», siempre refiriéndose al resto, claro está.

La aceptación de otras víctimas y de presos políticos, aunque sea en parámetros distintos a los de la izquierda abertzale y el EPPK, obligaría a muchas personas a adoptar posturas que han rehuido hasta ahora amparándose en una coherencia moral que los hechos niegan. Las excusas tradicionales tampoco existen ya. Por lo tanto, bien haría más de uno en ceder a tiempo y, sin necesidad de confesión o penitencia alguna, sumarse a la ola por los derechos de los presos que inundará el sábado que viene Bilbo. Cada cita por los derechos humanos que dejan pasar evidencia más su parcialidad y su falsa pureza ética.

Respeto, autoridad y estrategia

Lo primero que hay que valorar del comunicado leído por Itziar Martínez y Antxon López es su deseo explícito y cumplido de no herir sensibilidades, más allá de aquellas que se rigen por el odio –por mucho que en algunos casos pueda ser humanamente comprensible– o desde postulados punitivos ajenos a un estado de derecho democrático. Lógicamente, los expresos no dijeron lo que otros querían que dijesen, pero dijeron lo que querían decir desde el respeto y la humildad, sinceramente, mirando al futuro sin por ello negar el pasado, desde la responsabilidad. Y lo que querían decir es relevante tanto para entender el pasado de este país como, sobre todo, para construir el futuro desde postulados pacíficos y democráticos.

Realmente los expresos no dijeron nada nuevo, por así decirlo. Simplemente reafirmaron las tesis defendidas por EPPK hace ahora una semana y asumieron como propias las decisiones estratégicas tomadas por el conjunto de la izquierda abertzale durante estos últimos años. El valor añadido es que lo digan ellos y ellas.

¿Por qué? Evidentemente, por su autoridad. Desde un comienzo el Estado apostó por la escisión dentro de la izquierda abertzale y, en concreto, dentro de ETA, para lo cual dividir al Colectivo de presos era clave. Eran conscientes de las consecuencias humanas de un hecho así, pero parecía que para ellos las consecuencias políticas compensaban semejante escenario. Por el contrario, la obsesión de quienes idearon la nueva estrategia de ese movimiento político y quienes le dieron solidez era la opuesta: ante todo unidad, tanto por razones éticas como por razones políticas. Para la izquierda abertzale esto ha supuesto un proceso más complejo, en el que diferentes cuestiones se han dilatado o enredado, pero en ningún caso esa unidad ha estado en peligro. La cultura militante y política de ese movimiento ha sido determinante en este terreno. En clave interna estos expresos ejercen una gran autoridad para las estructuras de ese movimiento y para sus militantes. A uno le puede parecer bien o mal, pero esto es un hecho que quienes pretenden hacer escándalo de la rueda de prensa de ayer necesitan obviar. Pero la apuesta de estos militantes es inequívoca.

A pesar de esta evidencia, el Estado sigue encasquillado en su tesis original a la que añade un cálculo político perverso y además equivocado: que a medio plazo para la izquierda abertzale esta estrategia es insostenible, cuando en realidad esta estrategia sumada a las condiciones objetivas y a la situación geopolítica, con talento y liderazgo es una estrategia ganadora.

En su obsesión el Gobierno español llega al ridículo. Sin ir más lejos, basta hacer el ejercicio de traducir a cualquier idioma europeo, por ejemplo, las palabras del pasado viernes del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, exigiendo a los presos «que se desmarquen de ETA». ¿Qué pensaría un ciudadano medio europeo cuya única noticia sobre el conflicto vasco es, precisamente, el cese definitivo de la actividad armada de ETA? ¿Qué pensarán sus colegas europeos? De entre tantos principios de los que alardean, no estaría mal que los mandatarios españoles recuperasen el principio de realidad.