A veces es necesario un ejercicio de abstracción, e incluso contención, para elevarse sobre el ruido y las declaraciones altisonantes y poco medidas que se escuchan en sedes parlamentarias. Hay quien debería recordar que todo queda registrado en las actas parlamentarias antes de hablar de «fascismos de casa de uno y otro bando», una expresión que desmerece e insulta la historia antisfascista de este país, de la cual el PNV ha sido también parte. Que honren un poco su propio legado.

Pero al margen de ese ruido, ayer se dijeron cosas importantes y novedosas en el Parlamento de Gasteiz. El consejero de Economía y Hacienda, Noël d’Anjou, reconoció la pérdida que para el país ha supuesto que una empresa de origen público como Euskaltel haya acabado en manos de multinacionales sin arraigo alguno en Euskal Herria. La versión de los hechos que ofreció resultó un tanto complaciente, porque las directrices del Banco Central Europeo no bastan para explicar la privatización absoluta de la compañía de telecomunicaciones. Las decisiones de las administraciones vascas también fueron cruciales. Pero es importante que, aunque tarde, se reconozca la gran pérdida que ha supuesto. Da la razón a quienes alertaron desde el primer día del desastre que venía y ofrece una base que debiera servir para aprender la lección y blindar algunas garantías para que no vuelva a ocurrir.

Esto es si cabe más importante en el contexto actual, en el que Lakua ha comprometido casi 4.000 millones de euros en su plan de Industria para 2030. La venta de todo el negocio de recarga de vehículos eléctricos a Repsol por parte de Ibil –empresa que la petrolera comparte al 50% con el Ente Vasco de la Energía–, en 2024, muestra que este modelo de colaboración público-privada, consistente en invertir dinero público para poner en marcha negocios que se privatizan cuando empiezan a ser rentables, fue la norma hasta el último día del Gobierno de Iñigo Urkullu. Las palabras d’Anjou sugieren un cambio de rasante, pero esta nueva retórica debe concretarse en garantías que blinden las inversiones públicas y las liguen no solo al territorio, sino también al interés general.