A yer, dos días después de las masivas movilizaciones que en Bilbo y Baiona reclamaron el fin de la política penitenciaria aplicada a los presos y presas vascos –a la que Borja Sémper se había referido, paradójicamente para justificarla, como tortura–, la red ciudadana Sare, en la misma comparecencia en la que hizo balance de esas movilizaciones, anunció el comienzo de una nueva dinámica en pos del mismo objetivo. Una campaña para aglutinar compromisos «pueblo a pueblo, barrio a barrio» y al mismo tiempo denunciar esas medidas de excepción ante las instituciones europeas con argumentos jurídicos.

Los representantes de Sare, asimismo, trasladaron la interpelación que el sábado hicieron decenas de miles de personas en Bilbo y Baiona a los «nuevos y viejos» actores políticos, en alusión a la falta de implicación de formaciones que dicen rechazar la vulneración de derechos a los presos y presas pero que a la hora de la verdad demuestran considerarla como un asunto menor. Una falta de implicación ante un problema de toda la sociedad vasca –como el sábado más que nunca quedó claro en Bilbo y Baiona tanto por la masiva participación como por la pluralidad reflejada en ambas marchas– que no se corresponde con el cometido de los agentes políticos e institucionales, de los que si algo se debería esperar es que busquen y logren soluciones a los problemas de la sociedad por encima de intereses partidistas. Por eso es pertinente la interpelación de Sare, tanto como la denuncia también en términos jurídicos de una práctica aún más grave cuando la lleva a cabo un Estado que se titula de Derecho.  

 Las movilizaciones de Sare y Bagoaz supusieron un notable éxito, pero no es momento para la autocomplacencia, sino para aprovechar ese impulso recabando más voluntades y acercando resultados. El anuncio de Sare se realizó simbólicamente en una estación; sí, definitivamente es la hora de coger ese tren.